Las fallas legales para adelantar el tema de las expropiaciones en la cuidad son cada vez más frecuentes. La declaratoria de utilidad pública, la documentación oficial de expropiación y la indemnización y reubicación oportuna de los propietarios involucrados sobre su bien o inmueble, requisitos exigidos por la ley en la materia, han quedado desplazados por un simple trato verbal, acompañado del amedrentamiento de los policías del Estado.
El criterio de expropiar primero y pensar lo que se hará después, resulta ser la bandera de este Gobierno utilizando la arbitrariedad y la improvisación para llevar a cabo la planificación de la ciudad. Recordemos como hace un año y medio se expropiaron en diferentes parroquias 14 estacionamientos, cuya finalidad era la misma del Plan Catia: la construcción de viviendas dignas. Actualmente estas obras no presentan grandes avances, convirtiéndose en una promesa más.
Para nosotros esta situación no es nueva, ya que el Gobierno y las autoridades locales han roto más de una vez sus ofertas de dialogo y acuerdos con las comunidades que resultan perjudicadas con estas medidas. Se han preguntado alguna vez ¿cuántas familias y comerciantes expropiados están aún a la espera de algún tipo de indemnización?, ¿qué sucede con más de 150 cabezas de hogar que dejan sin empleo?, resultando reiterativa las promesas inconclusas y engañosas, aprovechándose de la esperanza y la necesidad de los caraqueños.
El restablecimiento del diálogo para llegar a acuerdos y a soluciones consensuadas tanto con la comunidad como con los comerciantes y trabajadores de la zona, es fundamental para lograr el progreso y avance que tanto necesita Caracas. Una vez más hacemos un llamado para crear mesas de trabajo y así llegar a convenimientos económicos y de reubicación, dejando a un lado la improvisación y el atropello.
Diputado a la AN