La pretendida espontaneidad de la desesperada acción se pierde ante el evidente interés que se esconde detrás de la orquestada toma territorial.
De aquí a octubre, y eso nos pasa cada vez que hay elecciones, lo que equivale a decir que casi siempre, hay que dudar no sólo de la certidumbre de algunas cosas que parecieran verdad, sino también de los intereses que se puedan esconder tras todo evento que altere la paz ciudadana.
Si desde hace tiempo sospechamos que detrás de cada bala de esas que con tanta frecuencia nos alteran el sueño, probablemente se esconda una mano contratada para dispararla, y arrebatarnos con ello la percepción de seguridad tan necesaria para vivir tranquilos, también es motivo de suspicacia que de pronto a un montón de gente le esté dando por apropiarse de terrenos que no son suyos. Pronto veremos en pantalla la cuñita aquella del señor a quien supuestamente le iban a quitar su carnicería si votaba a favor de la reforma constitucional.
Con los inmuebles sucederá otro tanto. Ya veremos amas de casa afanadas trancando las puertas o las rejas de sus casas, porque va a venir alguien a instalarse en las habitaciones desocupadas, según el censo. O también podrá protagonizar una cuñita cualquier humilde campesino que tenga un pedacito de tierra, asustado porque lo van a expropiar.
Nos hemos malacostumbrado a que las campañas electorales son una guerra sucia. No se debaten ni se discuten propuestas, sino que se cortan cables, se queman torres de luz, se serrucha un tubo o se mata gente. Algunas de esas opciones, o todas ellas juntas, con tal de sembrar zozobra. El Gobierno, en ese sentido, tiene que andar con un paso adelante: hay que abastecer las farmacias o crear redes de distribución de medicinas; llenar los estantes de los mercales y de los abastos Bicentenario; montar vigilancia en cuanta esquina haya; y, principalmente, redoblar la guardia en los oleoductos, acueductos y fuentes de energía. Los bichos malos se pueden disfrazar de invasores o de electricistas. Uno nunca sabe.
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