Esta Carta rompe esquemas, porque el tema de la justicia social jamás se había abordado de manera tan expresa en las diversas convenciones o resoluciones que han emanado de organizaciones internacionales como la OEA; es decir, estamos ante un consenso logrado a partir de la conciencia que ha despertado en los países de esta región en pro del desarrollo integral de los pueblos, en un marco de solidaridad, equidad, paz y libertad.
Cochabamba, Bolivia, fue el escenario ideal donde se alcanzó este acuerdo para erradicar la pobreza extrema y alcanzar niveles de vida dignos para todas las personas. Más allá todavía, el mismo reconoce el desarrollo y la diversidad cultural y promueve el respeto a los pueblos indígenas.
Estamos ante un triunfo realmente social, no sólo para Venezuela que impulsó la Carta en septiembre de 2001, sino para todos los pueblos de Latinoamérica, del Caribe y del mundo, porque su contenido y su visión de futuro obliga a las naciones del planeta a considerarla y seguir este ejemplo en beneficio de los más desposeídos.
La Carta Social de las Américas resalta también la necesidad de la participación del pueblo en la toma de decisiones, y en este aspecto Venezuela ha tenido importantes avances con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, logrando con el protagonismo del pueblo garantizar su completo desarrollo.
Este es un instrumento que necesariamente debe ser estudiado y difundido en todos los foros nacionales e internacionales, en las universidades y otros espacios, porque recoge con tanta finura y objetividad el tema social. En lo que respecta al Ministerio Público, existe desde ya el compromiso de analizarla y promoverla.
Fiscal General de la República