El artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla como obligación fundamental del Estado, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, donde el agua, entre otros factores del medio ambiente, sean especialmente protegidos, incluso con la participación activa de la sociedad.
Consustanciada con los preceptos constitucionales, la Ley de Aguas fija las disposiciones que rigen la gestión integral de las mismas como elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sustentable del país. A su vez, la Ley Penal del Ambiente tipifica como delito la violación a las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, y establece las sanciones penales correspondientes.
En atención a la Constitución y las leyes, y comprometido con las garantías a los derechos humanos, el Estado venezolano ha impulsado las medidas necesarias para ofrecer al pueblo un mayor y mejor acceso al agua potable. Para coadyuvar en esta misión, el Ministerio Público, desde el año 2000 hasta la actualidad, ha ejercido más de 150 medidas para la defensa y preservación de nuestros recursos naturales.
Además, esta institución cuenta con una Dirección para la Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, a la cual están adscritos fiscales especializados y con gran sensibilidad en el área. A su vez, en diversas regiones del país los funcionarios del Ministerio Público, en forma voluntaria, han constituido comités conservacionistas con la loable misión de generar conciencia sobre la protección del ambiente y participar en su cuidado.
Este jueves 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1992, ocasión propicia para compartir con todas las naciones del mundo la reflexión sobre la necesidad de preservar siempre tan preciado líquido que nos otorga la naturaleza.
Fiscal General de la República