Desde hace muchos años, en mi larga trayectoria profesional de dirección gremial y como docente universitario, he tenido claras y firmes mis convicciones, conocimiento y opiniones sobre la propiedad de los medios y el ejercicio del periodismo.
Por eso, siempre he sabido distinguir la responsabilidad de unos y otros. En mis libros, artículos y discursos han quedado inequívocamente registrados.
A propósito de ataques arteros, un consecuente amigo me hizo llegar de Valencia una página de El Carabobeño, del 28 de junio de 1975, con un buen resumen de un discurso mío con motivo del Día del Periodista en la Asamblea Legislativa, con asistencia de numerosas personalidades, incluido el presidente Rafael Caldera.
Hice referencia a un severo cuestionamiento del Episcopado a los medios, en épocas en que era frecuente que lo hiciera, y como la declaración se refería al sensacionalismo, dije que "no está en manos de los periodistas hacer sensacionalismo o dejar de hacerlo. Esta deformación del periodismo, las violaciones a otras normas éticas, el ocultamiento de noticias, la distorsión de otras, la publicación de informaciones tendenciosas, deben atribuirse en primer término a los dueños de los medios, poseedores del poder de decisión sobre cuánto debe decirse o callarse".
Afortunadamente, junto con un equipo de profesionales de alto nivel, estoy al frente de un diario donde sus propietarios no determinan lo que es publicable o no, y ese periodismo que estamos haciendo ha hecho de Últimas Noticias el diario de más alta circulación en Venezuela, bastante lejos del segundo.
De suerte que resulta baldía esa baja intriga que pretende el editorial de El Nacional de enfrentarme al trabajo profesional de los reporteros.
La agresión se origina en un comentario mío a un estudio de Latinobarómetro que marca inexplicables diferencias entre la cuantía de los hechos criminales en 18 países y la percepción ciudadana de la inseguridad. Casualmente, una investigación de todo un año, en las primeras páginas de los cinco diarios de más alta circulación de Argentina, Bolivia, Colombia, Uruguay y Venezuela, deja en evidencia cómo "los medios crean la paranoia de la inseguridad", con la cual se confirmaría la hipótesis que sostuve el domingo pasado.
Y si nadie puede creer que ese diario pueda asumir la defensa de los reporteros, por la sencilla razón de no tener autoridad para hacerlo (¿habrán olvidado el comunicado de reporteros de El Nacional donde "protestan atropellos contra periodistas" de ese mismo diario?), y no habiendo sido aludido en ninguna parte de mi escrito, ¿cómo se explica la agresión?
Ustedes tendrán que estar enterados de que un emisario de ese periódico vino a abogar por quienes habían sido denunciados en uno de nuestros reportajes de investigación sobre corrupción, con nombre y apellidos; ocurre que un miembro del Consejo Editorial de ese diario es ¡asesor de los involucrados! Aunque no sea del conocimiento público, algunos de sus nuevos accionistas están involucrados en graves hechos de corrupción, y nada de raro tendría que alguno de esos denunciados en el referido reportaje hayan sido incorporados como accionistas en el último aumento de capital que les ha exigido la banca recientemente.
¿Qué puede decirse de un diario que, por abandonar los principios editoriales que dejó su fundador Miguel Otero Silva y por echar a un lado elementales principios éticos, ha perdido en los últimos 10 años cerca de 50% de su circulación, y cuyas dificultades financieras son conocidas internacionalmente luego de que Wikileaks divulgó un mensaje, nunca desmentido, según el cual su editor visitó la Embajada de EEUU para plantearle su difícil situación, que no se sabe si fue debidamente escuchada?
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El sexto lugar
Esta vez fueron cautelosos los dirigentes del COV a la hora de evaluar las posibilidades de Venezuela en los Panamericanos: estaremos peleando por el sexto lugar contra Argentina y Colombia, dijo Eduardo Álvarez. Se supone que antes estarán EEUU, Canadá, Brasil, México y Cuba, que ha visto disminuidas sus posibilidades desde que el COI eliminó las fronteras entre lo amateur y lo profesional, pues reforzó a otros países en varios deportes, beisbol incluido. Vean lo que le ocurrió en la Copa Mundial con Holanda, y de sus 72 medallas ganadas en los de Santo Domingo 2003 bajó a 59 en los de Río 2007.
Venezuela también tuvo un bajón: del sexto lugar con 16 doradas en Santo Domingo, se deslizó en Río al octavo con sólo 10 de oro. En cambio, Colombia mejoraba; en Santo Domingo fue N° 8 con 11 de oro, y en Río subió al sexto con 14 oros. Es evidente el resultado de una política estatal, supongo, pensando siempre en Venezuela.
Y aunque Argentina conservó el séptimo en los dos últimos juegos, mientras en los de Santo Domingo obtuvo 16 doradas, en Río sólo ganó 11; importante caída.
Un comentario final sobre el medallero: como lo he escrito otras veces, me parece injusta la sobrevaloración de las medallas de oro. Si un país tiene una sola de oro y ninguna de plata o bronce, mientras otro país tiene, por ejemplo, cinco de plata y 10 de bronce, siempre estará por debajo del país que haya ganado al menos una dorada. Pero ese sistema sigue aplicándose. Lo justo es cuantificar las tres primeras posiciones (o medallas) con puntos: 10 al primero (oro), seis al segundo (plata) y cuatro al tercero (bronce).
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Sentencia hiperconflictiva
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia abrió la posibilidad de un problema de alta intensidad. Ratificó que Leopoldo López tiene todos los derechos políticos, como -por ejemplo- los de elegir y ser elegido. Seguramente habrá votado en todos los últimos comicios, y pudo postularse a diputado, pero no quiso o pensó que no le convenía.
El problema está en que no puede administrar dineros públicos. Habrá que imaginarse que gane las primarias, que luego sea electo Presidente y entonces suponer la crisis mayor que se plantearía en el país.
Visto desde otro ángulo, le crea un problema a la oposición. Una reciente encuesta en Anzoátegui entre candidatos de oposición le atribuye 42% a Capriles Radonski, 22% a Lopez y 19% a Pérez; por supuesto, antes de conocerse la sentencia.
Una vez bien difundida y conocida por los electores a las primarias, saber que si LL gana no pude ejercer, o que se generará un conflicto de marca mayor, ¿cómo reaccionarán? ¿Y qué harán los partidos de la MUD y los otros candidatos con opción, abierta o soterradamente? Si la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es inejecutable, como dice la del TSJ, la de este Tribunal puede resultar hiperconflictiva.
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Inobjetable la declaración del Psuv sobre el asesinato de Kadafi, pero tiene una omisión: no alude a la responsabilidad de Rusia y China, que se abstuvieron en el Consejo de Seguridad cuando se aprobaron los bombardeos de la Otan.
La Academia Venezolana de Medicina (fundada en 1904) cuestiona a los médicos integrales por graduarse. ¿Recordará su posición cuando en 1946 el presidente Betancourt graduó a estudiantes de Medicina con cuarto año, para que completaran sus estudios con prácticas en el sector rural? (No fue la Academia la que la llamó "promoción Golilla").