Lo único que resulta indiscutible es que Hugo Chávez fue repuesto en el cargo por un movimiento militar que encabezó el general Raúl Isaías Baduel, que éste está preso y que el comandante presidente expurgó a la FAN de oficiales disidentes y la puso a su servicio, que hizo llevar a la cárcel a los comisarios Simonovis, Rivas y Forero, más 8 policías metropolitanos.
Después de la emboscada que grupos paramilitares le tendieran a la manifestación pacífica que se dirigía al Palacio de Miraflores a solicitar la renuncia del Presidente, se desarrollaron acontecimientos violentos que paralizaron al país, porque se sucedían uno tras otro con saldo de muertos y heridos, golpe y contragolpe que a su vez generaron más incertidumbre y terror, hasta que fue restituido en su cargo el Jefe del Estado.
Aunque todavía se especula acerca de lo que pasó entre el 11 y el 13 de abril de 2002 porque no funcionó la Comisión de la Verdad, nombrada para investigar a fondo lo sucedido, la opinión pública sigue preguntándose quiénes fueron los responsables de que una manifestación de centenares de miles de personas que pedían la renuncia del Presidente fuera enfrentada por francotiradores filmados por los medios de comunicación, que desde muy temprano esperaban a los manifestantes para evitar su paso hacia Miraflores, con un saldo de 18 muertos y numerosos heridos. Por qué la decisión del presidente Chávez de aplicar el Plan Ávila, la negativa del general Rosendo a ejecutarlo, el desconocimiento de la autoridad del Jefe del Estado por parte del comandante del Ejército, general Vásquez Velasco, el anuncio del general en jefe Lucas Rincón de que el Alto Mando le solicitó la renuncia al Presidente, la cual fue aceptada; la entrega de Chávez a los militares alzados en Fuerte Tiuna, la autojuramentación del presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, como Presidente Provisional.
La conclusión final es que como los delitos de lesa humanidad no prescriben, en algún momento una investigación imparcial nos dirá la verdad, y los responsables de los muertos y heridos serán juzgados por tribunales nacionales o internacionales, porque se trata de civiles desarmados, que marchaban pacíficamente de acuerdo con un derecho constitucional vigente.
Periodista