El establecimiento de los derechos humanos en la Constitución nacional y en todas las cartas magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Sin embargo, no lo han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado, en la conciencia no sólo de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.
Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchos, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían. Y no es el último caso el único que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA denuncia, sino que, en su último informe con relación al gobierno del presidente Hugo Chávez, devela centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, quienes han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces puedan presentar pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
Si se cumple la orden de Chávez de salirse de la Cidh, el más perjudicado será el pueblo venezolano, que quedará indefenso, hoy y mañana, ante las arbitrariedades y hasta de crímenes policiales.
Periodista