Para reconciliar a los venezolanos después de 13 años de brutales agresiones por parte del Presidente, la oposición tiene la ventaja de haber puesto en práctica un sistema unitario de elecciones primarias para escoger el candidato que debe enfrentarse a Hugo Chávez o a quien él seleccione a dedo, en caso de no poder asumir su candidatura. Pero los demócratas entendemos que no sólo se trata de un candidato que una a la mayoría de los ciudadanos que buscan la reconciliación y la paz, que abra perspectivas de progreso y bienestar, sino también que encabece la lucha por restablecer el Estado de Derecho y que a su vez permita la independencia de los Poderes Públicos para que cumplan con la Constitución nacional. No estimulará ni permitirá que se cree una persecución contra Chávez y el chavismo, que este asuma democráticamente el ejercicio de la oposición.
El nuevo Jefe de Estado no puede ni debe actuar como juez, tal como lo expresó el precandidato Capriles Radonski recientemente en televisión, y que entendemos como la posición de los demás precandidatos. Y aunque los tribunales deben actuar con autonomía, ningún juez puede ni debe establecer una cacería de brujas contra quienes ejercieron funciones de gobierno con el presidente Chávez. El país democrático está en su derecho de exigir que únicamente sean llevados a los tribunales aquellos funcionarios acusados o señalados como incursos en delitos como violación a los derechos humanos, narcotráfico y todos aquellos que por decisión de las Naciones Unidas no prescriben.
El nuevo Presidente debe ordenar la entrega de toda información oficial de interés nacional a los periodistas que cubren las respectivas fuentes en cada despacho. La libertad de información debe ser respetada y garantizada a los ciudadanos que la conocen a través de los medios de comunicación, al mismo nivel que la libertad de expresión del pensamiento de todos los venezolanos. La reconciliación sólo es posible si se ejecuta a plenitud el contenido de la Carta Magna, y no exclusivamente aquellos artículos que convienen a quienes gobiernan.
El candidato debe crear confianza entre los electores acerca de su capacidad para hacer cumplir la Constitución nacional, de ser garante de los derechos de los ciudadanos, y estos deben, en primer lugar, respaldar y fortalecer a quien salga electo en las primarias, y en segundo término, vigilar que el Presidente cumpla con la democracia.
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