Actualmente, tal vez con la excepción de Alemania, las principales economías del mundo son economías de servicios. Ya Estados Unidos, Inglaterra o Francia no producen manufacturas para el mundo, y ese espacio lo ha ocupado China, Corea, Brasil y la India, principalmente.
En Venezuela, la industria manufacturera se comenzó a incentivar con el gobierno de Isaías Mediana Angarita y luego tomó cuerpo con la política de industrialización adelantada por Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt en los años sesenta, quien la promueve de forma sistemática mediante la sustitución de importaciones. Es decir, producir en Venezuela de lo que se importaba, mediante un conjunto de medidas tales como la prohibición de importación de cierto rubros, créditos baratos, exoneraciones fiscales y elevados aranceles a la importación. Ello permitió que Venezuela creara una industria con rasgos claramente ineficientes, pero que hizo posible que el país avanzara en la fabricación de buena parte de los alimentos que consumía, la elaboración de textiles y calzados, productos farmacéuticos y las industrias automotriz, del acero y metalmecánica. Todo ello cambió a partir de 1996 y con mayor fuerza desde 2002 cuando los gobiernos de Rafael Caldera y Hugo Chávez decidieron sacrificar el desarrollo industrial de Venezuela mediante una política de importaciones masivas con el pretexto de bajar la inflación a punta de bienes del exterior. Y lo peor de todo es que los ministros actuales se sienten orgullosos de la destrucción de la industria para favorecer importaciones de China, Argentina y Brasil.
En consecuencia, el aporte de la manufactura a la producción total ha bajado sensiblemente en los últimos años y el empleo industrial ha declinado. Las bases para la nueva industria en Venezuela parten de la premisa de la reindustrialización a través de un tipo de cambio que favorezca la producción nacional, incentivos fiscales tales como exenciones del IVA e impuesto sobre la renta, políticas para capacitación de los trabajadores, acceso a las materias primas y, sobre todo, respeto a los derechos de propiedad.
Propongo la creación de zonas especiales de desarrollo mediante parques industriales y tecnológicos donde se concentren empresas y centros de investigación en ciencia y tecnología.
Economista