La universidad más importante y de mayor tradición en Venezuela está siendo sacudida por hechos de violencia provocados por grupúsculos que no representan el sentir de la comunidad universitaria. Para que esas facciones actúen con tanta agresividad contra los bienes y el patrimonio de la UCV, tienen que estar apoyados desde el poder y bajo el manto de la impunidad. Si quienes promueven la violencia y el daño a la universidad valoraran que sus acciones criminales podrían tener consecuencias ante una justicia que actuara de forma clara, oportuna y contundente frente al delito, con seguridad lo pensarían dos veces antes de causar desmanes.
Al saber que nada les pasará, arrecian sus acciones, muchas veces vandálicas. Y es que de la seguidilla de agresiones que ha sufrido la UCV ninguna ha sido investigada por las autoridades competentes y sus autores andan campantes por la ciudad universitaria esperando la oportunidad para volver a delinquir. Sí, a delinquir, porque -por muy justa que sea una protesta- ello no da derecho de quemar las casetas de vigilancia, secuestrar a trabajadores administrativos o a dañar las conexiones de fibra óptica que permiten las comunicaciones en dependencias de la UCV. Si esa lógica que los grupos violentos de la UCV se aplicara y generaliza a todo el país, la nación se volvería un caos. Imagínese una protesta en Pdvsa por un contrato incumplido y que entonces un conjunto de trabajadores proceda a sabotear las instalaciones de la industria petrolera. Ello sería inaceptable.
La protesta siempre tendrá su razón de ser cuando se violan los derechos. Pero una cosa es hacer valer un derecho y otra violar los derechos de los otros. Lo más grave de todo eso es que los sindicatos de la UCV están desprestigiados, en parte porque sus líderes se han burocratizado y algunos tienen más de 15 años que no laboran, enquistados en gremios que no realizan elecciones. Esa situación le ha hecho un enorme daño a quienes sí trabajan, que son la inmensa mayoría de los trabajadores universitarios. Ante una universidad indefensa, que sólo tiene libros, laboratorios y conocimiento acumulado, los colectivos violentos hacen de la suya ante la mirada permisiva de las autoridades nacionales. Por esa repetición de hechos y agresiones, es obligado concluir diciendo que se trata de un plan para golpear a la UCV. Eso es incomprensible en un país donde la educación en general, y la universitaria en particular, sufre una crisis fundamental debido al cuestionamiento de su calidad, medida con parámetros internacionales.
Economista