Existen pruebas contundentes y, sin embargo, las autoridades policiales no actúan y se hacen cómplices de la situación de violencia.
La ciudadana fiscal, Luisa Ortega Díaz, ha sido insensible ante las agresiones contra la UCV. La pregunta pertinente es por qué tanto odio contra la UCV si muchos de quienes son hoy ministros fueron profesores o líderes estudiantiles con capuchas unos y abiertos, otros. La respuesta puede residir en que eso forma parte de un plan político para crear ingobernabilidad en la universidad, debilitar el funcionamiento de la universidad y facilitar una intervención.
Otra vertiente del problema es la impunidad. Como no hay sanciones por parte de la Fiscalía, los grupos violentos se sienten con la puerta franca para seguir agrediendo, porque saben que nada les sucederá. No hay un solo imputado por la Fiscalía, habiendo pruebas por los daños causados a la UCV. Pero hay cómplices claros de esta situación de violencia. Una de ella es la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez.
Cuando se fueron a instalar las puertas para proteger a la UCV, ella solicitó un amparo contra esa decisión, el cual fue atendido el mismo día y las puertas no se pudieron instalar. Ahora, la Defensora calla encubridoramente ante las agresiones que ella propició. Un bachiller insultó, vejó y agredió físicamente a las autoridades, fue sancionado y el presidente Chávez le expresó su apoyo al bachiller agresor y al día siguiente un tribunal revocó la sanción. No ha habido una sola diligencia efectiva por parte de la fiscal general Luisa Ortega Díaz para investigar los hechos de violencia y sancionar a los agresores porque la señora Ortega Díaz está muy ocupada esperando órdenes superiores.
La UCV va a sobrevivir y fortalecerse en medio de esta andanada de hechos delictuales, que no son nuevos, pero que gracias a la actual impunidad se han potenciado, a la sombra silente de quienes siendo sus egresados hoy el título de universitario les queda grande.
Economista