Gracias a la doctora Blanca Rosa Mármol supo el país que un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para burlar la Ley de Emolumentos, decidió otorgarse un bono de alimentación (cestaticket) por BsF 10.000.
Al aparecer la denuncia en la prensa, salió inmediatamente la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, a decir que no era un bono de alimentación, sino un "gasto de representación". Peor el remedio que la enfermedad. La presidenta del TSJ a veces pareciera que no razonara adecuadamente algunas de las cosas que afirma. Decirle a un país donde sus trabajadores han visto caer sus salarios reales que los magistrados van a tener un bono por gastos de representación es un insulto. Podría tener más justificación la asignación para la alimentación en vista del alto costo de la vida. En todo caso, el insulto es mayor si se toma en cuenta la situación de los profesores universitarios y la de otros funcionarios de la Administración Pública.
Así, por ejemplo, ese bono de BsF 10.000 duplica el salario de un profesor titular de las universidades nacionales con título de doctorado y 20 años de servicio. Igualmente, dicho bono de representación también duplica el sueldo de un médico especialista con posgrado y 25 años de trabajo en un hospital público. Con toda seguridad también duplicará el de un oficial de la policía y de los capitanes, coroneles y tenientes de la FAN.
El país vive una profunda injusticia salarial que la Ley de Emolumentos no corrige, sino que distorsiona todavía más.
Lo más grave de todo es que las más elevadas posiciones del Gobierno, en casi todas sus ramas, están ocupadas por personas que no tienen la capacitación para tales cargos, y quienes las detentan lo hacen en vista del servilismo político y su afiliación al partido Psuv.
Ser magistrado del TSJ implica una enorme responsabilidad, para lo cual hay que contar con dos atributos: solvencia moral y capacitación académica, atributos estos que no abundan en las más altas posiciones del Máximo Tribunal. Y una de las pruebas es las dos sentencias de la magistrada Morales que en una semana declaró admisible una demanda absurda contra el gobernador Capriles y a los días revocó su propia sentencia cuando Aristóbulo Istúriz dijo que el demandante de Capriles había sido expulsado del Psuv. No privó la justicia, sino el costo político del eventual juicio al gobernador de Miranda.
Así anda la justicia en Venezuela: no es ciega, sino que mira exclusivamente por el ojo nublado de la filiación política e ideológica; por ello deja de ser justicia.
Economista