Desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha sido objeto de ataques infundados. Sin embargo, en las últimas semanas se ha acentuado dicha situación al pretender asociarse la aplicación de esta Ley con el incremento de los índices de encarcelamiento en los centros penitenciarios del país. Dicha afirmación se desvanece con una simple revisión de los datos disponibles en las instancias competentes en materia penitenciaria, los cuales reportan que los delitos de mayor incidencia en la población privada de libertad son drogas, homicidio y robo.
La aprehensión por el supuesto especial de flagrancia producto de la posibilidad de tramitar una denuncia dentro de las 24 horas siguientes a la agresión, es una figura novedosa en la Ley que persigue abatir los índices de impunidad de los delitos que se cometen en la intimidad del hogar. Se trata de un supuesto excepcional y especialísimo reservado para denuncias de tal gravedad que ameritan la aprehensión inmediata del presunto agresor para su presentación ante un Tribunal de Violencia. Debe distinguirse responsablemente, cuándo los niveles de discrecionalidad policial o la falta de una adecuada formación pueden derivar en situaciones de arbitrariedad o abuso y tomarse los correctivos pertinentes, pero resulta censurable, pretender endilgar a las mujeres culpas o responsabilidades que no son propias, sino producto de una inadecuada aplicación de la Ley.
La Ley lejos de ser atacada debe ser fortalecida con un mayor compromiso institucional y la intensificación de esfuerzos en materia de educación para superar los patrones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Poco o nada podrán hacer tribunales y fiscalías especializadas para resguardar la integridad de las mujeres o preservar sus vidas, si no existe una verdadera conciencia de género que reconozca e identifique las distintas modalidades de violencia contra las mujeres como factores de vulneración de los principios de igualdad de derechos y debido respeto a la dignidad humana.
Defensora del Pueblo