El legislador ponderó entonces que la Defensoría del Pueblo es la institución idónea para llevar a cabo el proceso de inspecciones en las Entidades de Atención, Defensorías de Niñez y Consejos de Protección por nuestra cualidad constitucional para entablar un diálogo interactivo con estas instancias que favorezca una mayor garantía de derechos para nuestra niñez. El diseño de un manual conjuntamente con Unicef para este propósito y su posterior validación en la práctica son las herramientas que nos permiten hacer una labor de vigilancia y seguimiento tan rigurosa como objetiva, pues en éste se recaban todos los aspectos que deben ser objeto de seguimiento. Hasta la fecha la Defensoría del Pueblo alcanza un total de 780 instancias de niñez inspeccionadas en todo el territorio nacional. Esta fructífera experiencia nos confronta con un trabajo de acompañamiento en materia de promoción de los derechos humanos de nuestra niñez y la necesidad de urgir de manera especial a los alcaldes y alcaldesas, quienes desde la Reforma tienen la responsabilidad de garantizar que el Consejo de Protección de cada municipio disponga de profesionales formados y recursos materiales para atender las amenazas o vulneraciones a los derechos humanos de los niños y niñas en cada uno de los espacios geográficos de nuestro país. Cada ley impulsada desde la Asamblea coloca de relieve una realidad que debe ser normada para lograr su transformación. La Reforma de la Lopnna establece que es mucho más sencillo atender los problemas de la niñez con una política local de solución inmediata a través de los Consejos de Protección cuyo responsable es cada uno de los dirigentes municipales. Hoy el desafío de nuestra Reforma es que cada uno de ellos y ellas asuma que la garantía de los derechos de las personitas que habitan en esos, sus municipios, depende de una política que privilegie el interés superior del niño y la prioridad absoluta de sus derechos en todos los espacios sociales de cada rincón de nuestra Patria.
Defensora del Pueblo