A ello se añade ahora la anunciada decisión oficial de incorporar el Iunep a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes).
Ambas decisiones son insostenibles. Desde hace siglos es sabido que "las cárceles son su personal y cualquier cosa más". Por eso, nuestra Constitución establece sabiamente en su artículo 272 que "los establecimientos penitenciarios… funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias". De haberse cumplido la citada expresión secular y el obligante precepto constitucional, nuestros penales no hubiesen sucumbido a la miserable situación de convertirse en locales infectos, habitados por personas obligadas a vivir en condiciones realmente infrazoológicas.
En cuanto a la incorporación del Iunep a la Universidad de la Seguridad, es necesario advertir y asentar que el penitenciarismo no es seguridad, sino reeducación para adultos con problemas de conducta. Las tres erres clásicas del penitenciarismo son Reeducación, Rehabilitación y Reinserción Social. O sea, que el penitenciarista es un educador, un previsor y no un represor. La exigencia de la seguridad corresponde a policías y militares. De tal manera que el Iunep debería ser incorporado a una institución educativa, como lo es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), a la cual pertenece el venerable Instituto Pedagógico de Caracas -por cierto, sería un bello regalo de cumpleaños, pues ahora celebra sus 75 años-, donde funcionaría el Iunep. Allí se moldearía al educador penitenciarista, quien convertiría nuestra actual deleznable situación reclusoria en un régimen decoroso y respetuoso, verdaderamente humano, en provecho de seres que merecen un tratamiento digno para beneficio de sus personas, de sus familiares y de la sociedad toda.
Es la ocasión ideal para proceder a esta iniciativa, grandiosa para nuestro penitenciarismo. Tenemos ahora un Ministerio Penitenciario.
Abogado/Profesor universitario