El Estado encaró tempranamente (2000-2004) ambos problemas mediante el desarrollo del Plan de la Nación 2001-2007, que guío el proyecto "Alma Mater" adelantado por el Estado docente (OPSU e instituciones). El Gobierno tenía como política la excelencia académica, como objetivo elevar la calidad y eficiencia de las instituciones y como estrategia implantar un sistema nacional de evaluación y acreditación (Programa de Gobierno 2001-2007). En el 2004, el Gobierno abjura de los principios de calidad y eficiencia (supuestas exquisiteces pequeño burguesas) y sustituye el Plan de la Nación 2001-2007 por el del 2007-2013, torpemente ideologizado.
Durante el lapso 2005-2010 el Gobierno instrumentó una política de educación superior que privilegió la lucha por la inclusión, aunque sin preocuparse del aspecto cualitativo: la calidad; además, el MEU instrumenta actualmente un programa de aseguramiento de la calidad de la formación en el nivel universitario (PNF). Ambas políticas, sin embargo, han dejado mucho que desear, a pesar de que sus propósitos son encomiables, pues se "intenta lo correcto, incorrectamente". En nuestra opinión, la causa del fracaso es el manejo unilateral, sectario e ilegal por parte del sector oficial al desconocer el Estado docente.
El debate sobre la nueva LEU es propicio para enmendar lo anterior, pero sin alardes retóricos y pseudofilosóficos que enmascaran el verdadero problema: Cómo aseguramos la inclusión con calidad (universalización de la educación) y cómo garantizamos el cumplimiento del artículo 103 de la Constitución que compromete al Estado en la democratización de la calidad universitaria, es decir, "Toda persona tiene derecho a una educación de calidad".
Profesor de la UCV