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Opinión Firmas César Villarroel Universidad y Constitución (1)

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CÉSAR VILLARROEL | 18/07/2011 08:21:24 a.m.
Universidad y Constitución
Cuál es la universidad que queremos, se interrogan los expertos; depende de quién responda: el Gobierno la quiere chavista, la oposición la quiere conservadora y excluyente, y los venezolanos todos estamos obligados a querer la esbozada en la Constitución de 1999 porque allí se establece el compromiso del Estado para encarar y resolver sus dos grandes problemas: el deterioro de su calidad y su carácter excluyente
Cuál es la universidad que queremos, se interrogan los expertos; depende de quién responda: el Gobierno la quiere chavista, la oposición la quiere conservadora y excluyente, y los venezolanos todos estamos obligados a querer la esbozada en la Constitución de 1999 porque allí se establece el compromiso del Estado para encarar y resolver sus dos grandes problemas: el deterioro de su calidad y su carácter excluyente. Luego, la pregunta no es ¿cuál es la universidad que queremos?, sino ¿cómo instrumentar fielmente la pautada en nuestra Carta Magna?

El Estado encaró tempranamente (2000-2004) ambos problemas mediante el desarrollo del Plan de la Nación 2001-2007, que guío el proyecto "Alma Mater" adelantado por el Estado docente (OPSU e instituciones). El Gobierno tenía como política la excelencia académica, como objetivo elevar la calidad y eficiencia de las instituciones y como estrategia implantar un sistema nacional de evaluación y acreditación (Programa de Gobierno 2001-2007). En el 2004, el Gobierno abjura de los principios de calidad y eficiencia (supuestas exquisiteces pequeño burguesas) y sustituye el Plan de la Nación 2001-2007 por el del 2007-2013, torpemente ideologizado.

Durante el lapso 2005-2010 el Gobierno instrumentó una política de educación superior que privilegió la lucha por la inclusión, aunque sin preocuparse del aspecto cualitativo: la calidad; además, el MEU instrumenta actualmente un programa de aseguramiento de la calidad de la formación en el nivel universitario (PNF). Ambas políticas, sin embargo, han dejado mucho que desear, a pesar de que sus propósitos son encomiables, pues se "intenta lo correcto, incorrectamente". En nuestra opinión, la causa del fracaso es el manejo unilateral, sectario e ilegal por parte del sector oficial al desconocer el Estado docente.

El debate sobre la nueva LEU es propicio para enmendar lo anterior, pero sin alardes retóricos y pseudofilosóficos que enmascaran el verdadero problema: Cómo aseguramos la inclusión con calidad (universalización de la educación) y cómo garantizamos el cumplimiento del artículo 103 de la Constitución que compromete al Estado en la democratización de la calidad universitaria, es decir, "Toda persona tiene derecho a una educación de calidad".

Profesor de la UCV

 
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