Es propio del poder monopólico. Este país, por desgracia, siempre ha sido azotado por la especulación y por quienes crean las llamadas "tendencias de demanda" al restringir la oferta, esconder el producto, provocar su escasez y aumentar los precios. Es una situación que en los últimos meses ha llegado a límites escandalosos e insoportables al poder adquisitivo de la población, mientras sus economistas hablan de inflación sin ocultar una especie de generosidad hacia la economía especulativa que eleva, inclemente, los precios de bienes y servicios. Eso sí, dan a entender que esa especulación no produce niveles de inflación, o sea, es como aceptar de que el mercado especulativo "premia a los buenos previsores y castiga a los malos".
En su exposición de motivos la ley señala expresamente que los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de los precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo. Pues bien, debe quedar claro que la Ley de Costos y Precios Justos, así como su reciente reglamento, entran en vigencia en un momento de subversión económica en Venezuela por especulación y acaparamiento. Pero a ese problema se agrega un condimento que va más allá de las relaciones del mercado con los consumidores. Me refiero a un componente político combinado de desabastecimiento y desestabilización que acompaña a la idea fija de un sector opositor de salir de Chávez como sea.
La situación, entonces, se define en una confrontación entre precios justos y especulación donde esta última lleva un largo recorrido y los primeros harán sentir su fuerza en el "tercero interesado", definido en el reglamento como las comunidades organizadas y los grupos de consumidores para enfrentar a un hatajo de especuladores, acaparadores y conspiradores.
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