Beltrán Haddad La
gente exige que se tomen medidas más fuertes contra la delincuencia, pero toda esa exigencia dirigida a garantizar la seguridad pública, que no es otra cosa que vivir en paz social o, sencillamente, en "tranquilidad ciudadana", debe darse dentro de una situación que responda a un equilibrio entre seguridad pública y libertades y derechos fundamentales. A partir de esta razón de Estado, el desarme es la primera medida que debe adoptarse. Prohibir las armas y suspender su porte lícito en la población civil es una medida frente a la violencia.
Nadie necesita andar armado en las calles y lugares públicos y mucho menos ejercitar un derecho a armarse que no está previsto en la Constitución. El Estado está en la obligación de garantizarnos una efectiva seguridad pública ante el secuestro, el sicariato, el atraco, el robo y otros delitos contra las personas y contra la propiedad, sobre todo frente a ese criminal secuestro "exprés", que se incrementa con espantosa facilidad; que humilla, lesiona y mata con crueldad, inmisericorde, sin que exista una barrera policial que lo contenga.
Toda persona tiene derecho, según la Constitución, a la protección por parte del Estado frente a situaciones de amenaza o riesgo para su integridad física, sus propiedades y el disfrute de sus derechos. Por eso, es bueno saber de otra medida que podría adoptarse, aunque un tanto delicada hay que ponderarla porque lesiona el derecho a la intimidad si se ejecuta fuera de un marco jurídico.
Es la llamada "videovigilancia policial", que recoge imágenes y sonidos en la vía pública para garantizar la vida de las personas y sus bienes; pero es una situación que debe resolverse de tal manera que el derecho a la intimidad pueda ceder ante un bien jurídico prioritario, como la seguridad ciudadana, y que la videovigilancia se haga efectiva en espacios públicos y lugares de servicios públicos como las estaciones gasolineras, por ejemplo, muy vulnerables a la acción delincuencial que anda generalmente en motos como medio para perpetrar el crimen.
Si se hace conforme a la ley, no será injerencia lesiva en la intimidad de las personas y la gente podrá andar a pie o en su vehículo sin sentirse acosada por la inseguridad: ¡se está grabando al delincuente!
Abogado