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El TSJ multó a abogada prófuga de la justicia

La profesional del derecho Elenis Rodríguez es acusada de usurpar funciones de magistrada
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Eligio Rojas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia impuso una multa de 100 unidades tributarias a los abogados  Carlos Isaías Aponte y Elenis Rodríguez por considerar que irrespetaron al Ministerio Público, según se lee en la sentencia N°  0458 del pasado Lunes.

Rodríguez es una de las 34 personas designadas como magistrados por la Asamblea Nacional, en Julio de 2017, acto que fue decretado nulo por el máximo tribunal del país. Actualmente se encuentra en Colombia y tiene una orden de aprehensión por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones.

El presunto irrespeto contra el Ministerio Público que habría cometido Elenis Rodríguez quedó plasmado en una demanda que ella interpuso ante la Sala Penal del TSJ en diciembre de 2013. Y como esa Sala no atendió el planteamiento de Rodríguez, ésta lo presentó ante la Sala Constitucional.

Pero en ambos documentos denunció que el Ministerio Público favoreció con un sobreseimiento al médico Raúl Antonio Ortega Díaz por ser éste familiar de la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz. La abogada Rodríguez representó a la víctima y expuso que el médico Ortega Díaz intervino quirúrgicamente a Aleidis Rosa Acosta Gómez, quien falleció durante la operación a causa de complicaciones. Rodríguez señaló que del protocolo de autopsia y la declaración de testigos se desprende que el Ministerio Público debió “ahondar más en su investigación”.

En ese sentido la abogada Elenis Rodríguez denunció que la entonces fiscal Narda Sanabria solicitó un sobreseimiento a favor del médico Ortega Díaz violando las normas, procedimiento que fue respaldado por la para el momento fiscal superior de Caracas, Marisela Lucena. Al respecto, Rodriguez no consideró válida “la argumentación  que realiza la fiscal superior de Caracas cuando de forma irresponsable sustrae conclusiones y alegatos para forzar un sobreseimiento a unos investigados vulnerando su compromiso de buscar la verdad y más grave aún, resulta evidenciar que dicha solicitud fiscal pretende establecer como cosa juzgada un sobreseimiento y con ello fomentar la impunidad y el descredito a la institucionalidad democrática”.

Esas últimas expresiones insertas en el documento de demanda fueron consideradas por la Sala Constitucional como “totalmente irrespetuosas a la institución del Ministerio Público”, razón por la cual procedieron a sancionarla con 100 unidades tributarias tal como lo manda el artículo 121 de la Ley Orgánica del TSJ. Advierten que la multa deberá ser cancelada un banco que reciba fondos públicos dentro de los 30 días de haber sido notificados.

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