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Con puro cuento justifican acción contra Venezuela

Historias viejas motivaron al Congreso de EEUU
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ÚN.- Sin pruebas. Esa es la conclusión luego de revisar la madeja de informaciones en que se basó el Congreso de EEUU para emitir pronunciamientos contra Venezuela exhortando a la OEA a activar la Carta Democrática.

Además de otros contra Tareck El Aissami, actual vicepresidente de la República, y su presunta vinculación con la emisión de pasaportes venezolanos a grupos terroristas islámicos, una tesis resucitada una vez más en contra del Gobierno.

Todos los hilos enredados en esa madeja conducen a tres notas periodísticas: un informe, difundido en junio de 2014, del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por sus siglas en inglés); un think tank o “laboratorio de ideas”, de EEUU, y sus réplicas en el Wall Street Journal en 2015 y en CNN en 2017.

El segundo, una transcripción de los comentarios del ex fiscal del Distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, en 2009, difundidos por la publicación estadounidense American Interest ese mismo año y luego replicados por el Wall Street Journal.

Y el tercero, el testimonio publicado desde 2015 de Misael López, un ex empleado de la Embajada de Venezuela en Irak y reciclado por CNN este año.

Las historias surgen “en el primer mes de una nueva administración presidencial (en EEUU) que ha ofrecido asegurar las fronteras de Estados Unidos y prevenir el terrorismo, y muchos en los círculos políticos de Washington esperan que estas promesas se conviertan en una prioridad”, afirmó el sociólogo, PhD de la Universidad de Chicago, David Smilde, experto en Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), en relación con la coyuntura política interna que ha favorecido este tipo de iniciativas en contra de Venezuela.

El analista y profesor universitario no es amigo del gobierno de Nicolás Maduro; testificó hace dos semanas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la crisis en Venezuela luego de que la Cámara aprobara por unanimidad una resolución que exige a Trump nuevas presiones contra el país.

Sin embargo, escribió un artículo en el que afirmó que las acusaciones esgrimidas por el Congreso están basadas “en notas periodísticas que no presentan evidencias reales”. Y agregó: “La idea de que hay pasaportes venezolanos flotando por todo el mundo dados a terroristas parece ser una tempestad en una tetera”.

Esta “tempestad” sirvió de justificación para que, el 8 de febrero, 34 congresistas estadounidenses, encabezados por la representante republicana por el estado de Florida Ileana Ros-Lehtinen y el senador Bob Menéndez, demócrata por el estado de Nueva Jersey, exigieran a su gobierno investigar a Tareck El Aissami y ampliar las sanciones contra Venezuela, y luego el pleno del Senado aprobara por unanimidad exhortar a la OEA para que active la Carta Democrática.

La SFS. El Congreso de EEUU cita el informe Canadá en guardia: evaluación de la amenaza a la seguridad de inmigración de Irán, Venezuela y Cuba, del Center for Secure Free Society (SFS, por sus siglas en inglés) o Centro para una Sociedad Libre y Segura, difundido en 2014.
Esta organización, fundada en 2004, sostiene vínculos en Venezuela con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) relacionado con el empresario Rafael Alfonzo y el ex banquero Óscar García Mendoza.

La investigación. Según el documento, “autoridades de inteligencia regionales”, cuya identidad no citan, dan cuenta de que la Onidex, durante la gestión de Tareck El Aissami como ministro de Interior y Justicia (2009-2012), emitió pasaportes a miembros de la organización terrorista Hezbollah.
El dato más concreto del informe es que “la oficina de El Aissami utilizó tecnología de la información desarrollada por la seguridad estatal cubana para dar a unas 173 personas del Medio Oriente nuevas identidades venezolanas”. Sin embargo, luego afirma que dichas personas “son extremadamente difíciles de rastrear” y que la cifra de 173 es “una estimación” de funcionarios, cuyos nombres no aparecen reflejados en el texto.
Según la SFS, estas anónimas autoridades de inteligencia “creen”; es decir, que no están seguras, que “notables” miembros de Hezbollah “recibieron documentos falsos de Caracas”.

Este informe es replicado por numerosas publicaciones, entre ellas por la comentarista Mary Anastacia O’Graidy, del periódico estadounidense The Daily Journal, en noviembre de 2014, también citada en la carta de los congresistas estadounidenses, y este año, nuevamente, por el reportaje de CNN Pasaportes en la sombra.

El ex fiscal. Otra fuente de inspiración de los parlamentarios es el artículo El vínculo entre Irán y Venezuela: ¿una crisis en proceso?, escrito por el ex fiscal de Nueva York Robert Morgenthau y difundido en 2009 por la publicación estadounidense The American Interest.
Este ex funcionario, cuyo ámbito de investigación cuando estuvo en ejercicio de su cargo fue local, fundamenta graves afirmaciones sobre supuestos vínculos terroristas del entonces ministro de Interior y Justicia “en una sospecha”.

“El señor El Aissami, quien en algún momento encabezó la Onidex, la agencia venezolana de pasaportes y naturalización dentro del Ministerio del Interior, es sospechoso de haber emitido pasaportes a miembros de Hamás y Hezbollah. Se alega que El Aissami y otros afiliados a Hezbollah están a cargo del reclutamiento de jóvenes árabes en Venezuela que luego son entrenados en los campamentos de Hezbollah en el sur del Líbano”.

El caso CNN. La televisora estadounidense difundió desde el 6 de febrero, dos días antes del pronunciamiento del Congreso, en dos entregas, el reportaje Pasaportes en la sombra, un relato cuyo eje principal es un testimonio que ya había sido presentado hace dos años (2015) con la periodista venezolana Andreína Flores en una entrevista con la televisora TNT24 y retomado el mismo año en la publicación en inglés ultraconservadora Breitbart News.

Se trata de las declaraciones del ex empleado de la embajada de Venezuela en Irak Misael López, quien trabajó en la misión diplomática entre julio de 2013 y julio de 2015 y denunció una presunta red de corrupción de una funcionaria local de menor rango, que no identifica, pero que, según dice, cobraba entre 10 y 15 mil dólares por emitir pasaportes venezolanos. En total fueron 51 mil, según la versión del ex funcionario dada a Flores, una cifra que implica la emisión de más de 70 pasaportes chimbos por día hábil en dos años.

CNN echa mano del “refrito” de López, quien no puede asegurar si algunos de estos pasaportes presuntamente expedidos en forma ilícita fueron obtenidos solo por el soborno “o por una orden de Caracas”.

Según el relato, López encontró una lista que es presentada en el reportaje y donde se lee en el encabezado “pasaportes anulados”. Allí se presentan ciudadanos árabes con cédulas que, según dicen, pertenecen a venezolanos. Sin embargo, los números de identidad de la lista fueron parcialmente tapados en forma deliberada por CNN, que asegura que los constató en el registro del CNE, pero el televidente no puede comprobar fehacientemente la veracidad de que haya dos personas con una misma cédula.

La televisora completa su historia con “informes de inteligencia regional”, sin citar ningún organismo específico, que dan cuenta de la vinculación de El Aissami “con 173 pasaportes venezolanos e identificaciones (cédulas) que fueron emitidas a individuos desde el Medio Oriente, incluidas las personas vinculadas al grupo terrorista Hezbollah”.

Si la cifra suena conocida es porque es la misma del informe de la SFS de 2014, y en la pieza periodística el comentario es apoyado con la imagen de su director ejecutivo, Joseph Humire, testificando ante legisladores en 2015.

Los otros dos testimonios de CNN son del general de brigada retirado de la Guardia Nacional Marcos Ferreira, involucrado en el golpe de Estado de 2002, y el ex diplomático estadounidense Roger Noriega.

Ferreira estuvo al frente de la oficina de extranjería entre 2001 y 2002. Asegura a CNN que encontró evidencia de irregularidades incluyendo “presuntos narcotraficantes y grupos terroristas” con pasaportes venezolanos. Sin embargo, luce irrelevante para la seguridad internacional el testimonio después de 15 años, cuando estos documentos ya caducaron, así como también habrían caducado los que supuestamente se habrían emitido durante la gestión de El Aissami.

La otra declaración corresponde a Roger Noriega, un ex diplomático estadounidense fuerte crítico de los gobiernos de Chávez y Maduro. Esgrime como argumento “conversaciones” con funcionarios militares que no identifica.

“La información que yo tengo es mis conversaciones con oficiales de alto rango de Chile, Perú, Colombia y Panamá, quejándose de que están deteniendo muchas docenas de personas con pasaportes venezolanos, pero que (sus portadores) no hablan español”.
Estas historias periodísticas, algunas de ellas recicladas de años anteriores, sin sustento en la totalidad de los casos, son los informes en los que se basaron 34 congresistas y luego el Senado estadounidense para impulsar medidas restrictivas y más duras contra el vicepresidente Tareck El Aissami y contra Venezuela, entre ellas la activación de la llamada Carta Democrática de la OEA.