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Duplicar sanción al menor aminoró la reincidencia

El adolescente que incurre en una falta (no se le llama delito), responde de forma diferenciada que el adulto, según la Lopnna
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Eligio Rojas.-  Desde el año 2.014 ha disminuido el uso de los adolescentes por parte de los adultos para cometer delitos porque se redobló el castigo al aumentarlo de 5 a 10 años de prisión, de acuerdo a lo informado por María Mercedes Berthé, directora general de Asistencia Legal al Adolescente del Ministerio Penitenciario.

Antes del año 2014, a un menor se le podía sancionar hasta 5 años, lo cual facilitaba que éstos quedaran expuestos a las bandas delictivas de adultos, indicó Berthé. “Porque un menor nunca llegaban a cumplir los cinco años privados de libertad, les era revisada esa sanción y obtenían su libertad con prontitud”, completó Berthé quien destacó que ello contribuyó a que disminuyera la población reclusa en los centros de atención cuyos números oscilaban entre 3 y 4 mil personas.

“Ahorita tenemos una población reclusa baja, un poco más de 1.000 y con muy baja reincidencia”, aclaró Berthé, quien explicó los pasos descritos en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) para procesar penalmente a un menor.

El adolescente que incurre en una falta (no se le llama delito), responde de forma diferenciada que el adulto, según la Lopnna. La diferencia radica en la sanción: mientras el adulto está expuesto a una pena de 30 años de cárcel como tope, el menor puede ser sancionado hasta por 10 años.

La Ley define al adolescente como la persona entre 12 y 18 años y al niño con menos de 12. Si un niño se encuentra en un hecho delictual, el Consejo de Protección que en teoría funciona en cada municipio del país, es el encargado de dictarle las medidas para su corrección. Pero a partir de los 14 años, el menor ya es procesado en los tribunales especializados donde el juicio en teoría no supera los seis meses. “Es más rápido que un juicio de adulto”, señaló.

1 La investigación penal a un adolescente que entra en conflicto con la ley, se activa porque lo encuentren cometiendo un delito (flagrancia);  mediante una denuncia formulada en su contra, de oficio (iniciativa del órgano policial o militar), o por una información publicada en medios de comunicación, lo que técnicamente se llama noticia criminis.

2 Una vez detenido, el organismo policial que lo capturó debe notificar al Ministerio Público de manera inmediata. El fiscal del Ministerio Público tiene 24 horas para presentar al adolescente ante un tribunal de control.

3 Ya en presencia del juez de control, el detenido tiene el chance de ser oído, bien tomando la palabra o a través de su abogado defensor. En esa audiencia el juez debe emitir una decisión, ya sea dictando privativa de libertad o dejarlo libre para procesarlo fuera de las rejas.

4 Finalizada la audiencia de presentación del menor, el Ministerio Público tiene 10 días para presentar ante el mismo tribunal las conclusiones de su investigación. Allí puede solicitar el enjuiciamiento del imputado o el sobreseimiento por considerar que no guarda relación con los hechos investigados. Recibido ese acto conclusivo, el juez tiene cinco días para convocar la audiencia preliminar con presencia del menor, su defensor y la fiscalía.

5 En la audiencia preliminar se debatirán las “pruebas” conseguidas por el Ministerio Público y que comprometan al acusado en el delito que se le achacó. En esa audiencia, el juez, en presencia del acusado, su abogado defensor y el fiscal, examina el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público. Posterior a ese examen, el juez emite un veredicto, bien aceptando la acusación y ordenando un juicio; desestimarla o devolverla para que el Ministerio Público la reformule.

6 En la audiencia preliminar el adolescente tiene la oportunidad de admitir los hechos que se le imputan y con ello conseguir una rebaja de la sanción, la cual será impuesta en esa misma audiencia. De no admitir los hechos, el juez puede ordenar un juicio contra el acusado.

  •   Privación de libertad Concluido el juicio, el juez puede imponer esta sanción al adolescente para su cumplimiento dentro de un recinto o Entidad de Atención. La privación solo se aplica cuando el adolescente se le ha comprobado su participación en  homicidio (salvo  el culposo);  lesiones  gravísimas,  violación;  robo  agravado;  secuestro;  tráfico  de  drogas; robo o hurto sobre vehículos automotores, según la Lopnna.
  • Libertad asistida Esta sanción consiste en la integración del sancionado a un programa socioeducativo, sin que deba estar recluido. Para esta opción, el Ministerio Penitenciario cuenta con un equipo multidisciplinario en cada entidad de atención que se encarga de diseñar ese programa socioeducativa. “Ese programa lo debe cumplir diariamente; consiste en estudio y trabajo”, indicó Berthe quien agregó que en las 31 entidades de atención o cárceles de menores, existe el programa de siembra y cría de animales, al cual están incorporados los menores sancionados.
  • Orientación verbal educativa Si el delito no es grave, el juez aplica esta medida dirigida a “internalizar y concientizar en la conducta del adolescente”.
  • Imposición de reglas de conducta En ese caso el juez puede determinar unas obligaciones al adolescente como terminar el bachillerato  o prohibirle acercarse a ciertos lugares “para regular su modo de vida”. Solo hasta dos años puede tener dichas medidas.
  • Servicios a la comunidad Son tareas que el juez impone al sancionado para que éste las realice en beneficio de determinada comunidad por un tiempo de seis meses.
  • Semilibertad El adolescente está obligado a asistir a una entidad de atención durante  un año.
  • Las medidas sancionatorias tienen una finalidad primordialmente educativa y se complementará con la participación de la familia y el apoyo de especialistas.

 

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