Macri también quiere robar su tajada de Pdvsa

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El Gobierno de Mauricio Macri ha venido concretando acciones unilaterales y coercitivas contra los negocios de Pdvsa en Argentina, que se alinean con la política de EE.UU sobre Venezuela, es decir, la confiscación de bienes y el robo descarado del patrimonio nacional.

Trascendió en medios argentinos el cierre forzado de las operaciones de la empresa Petrolera del Conosur S.A. (PCSA), una sociedad propiedad del Estado venezolano bajo la regencia de Pdvsa América, filial continental de Pdvsa.
La compañía consta de una planta de distribución de combustible que surte a 70 gasolineras en suelo argentino.

Fuentes a las que tuvo acceso el portal web Misión Verdad informaron que desde enero pasado las cuentas de Pdvsa América y las de PCSA fueron cerradas por la banca argentina en arreglo a las órdenes del Departamento del Tesoro de EEUU y las exigencias de “la representante de Guaidó” en Argentina, Elisa Trotta Gamus.

En consecuencia, la falta de servicios bancarios tumbó, desde febrero, las operaciones de PCSA al punto de carecer de flujo de caja para pagar, entre otros gastos, el arrendamiento cuya deuda asciende a 35 mil dólares.

Aprovechándose de esto, la autoridad provincial procedió al desalojo del local “por impago”. Acto seguido, las autoridades del puerto bonaerense Dock Sud, de donde fue desalojada la empresa nacional, a expensas de la deuda de 35 mil dólares, comprometieron los activos de PCSA valorados en unos 200 mil dólares, “un hecho que puede considerarse un robo a los activos soberanos de Venezuela”, detalló el portal web.

Previo a estos eventos, una comunicación de la Unidad de Información Financiera, ente adscrito al gobierno central argentino, fechada en enero, presentó una medida de “Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculados al Gobierno Ilegítimo de Venezuela”, en relación obviamente, al gobierno constitucional de Nicolás Maduro.

En la nota oficial “alertan” a todos los sujetos de derecho (empresas, instituciones o particulares) sobre los riesgos de hacer negocios con el “régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”, un ultimatum para justificar el posterior cierre de cuentas.

Además el ministerio de Hacienda de Argentina había ejecutado previamente la acción de suprimir a la filial nacional del registro de empresas petroleras, una especie de inhabilitación jurídica, un boicot

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