Conjura de Guaidó y EEUU busca depredar a Venezuela

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Sin duda alguna, el principal aliado de la oposición venezolana y de Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente a inicio de año, es Estados Unidos, y así lo han dejado en claro tanto la Administración Trump como sus aliados en el país.

Allí, en la nación de las barras y las estrellas, conocida por su poderío bélico y su manera particular de llevar la “democracia” y “libertad” a aquellas naciones que se alejan de sus intereses, residen varios prófugos de la justicia venezolana, investigados por hechos de corrupción, entre ellos algunos exchavistas y líderes radicales de la oposición.

El territorio estadounidense ha sido en los últimos lustros también el principal escenario de la desestabilización contra el Estado venezolano, al que le bloquearon hace apenas pocos días todos sus bienes en esa nación, pues tal como lo han hecho saber funcionarios de la Casa Blanca, la idea es acelerar el colapso del país petrolero y así lograr la salida del presidente Nicolás Maduro del poder.

Eso lo sabe muy bien el exembajador de EEUU en Venezuela, William Brownfield, quien reconoce que sancionar a Petróleos de Venezuela tiene un impacto “en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente de las comunidades”; no obstante, él solo ve como solución a la situación del país acelerar el colapso, aunque “produzca un período de sufrimiento para los venezolanos, que se extenderá hasta por varios años”.

La trama. En esa nación, cuyo presidente Donald Trump emite sanciones a diestra y siniestra contra China, Irán, Rusia, Nicaragua, Turquía, entre otros, operan bajo una trama que riñe contra la ley internacional los representantes de Guaidó, que han sido muy activos para atacar al Gobierno de Venezuela y sus instituciones, así como para defender los intereses del Tío Sam en territorio criollo.

Los abogados Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y Alberto Federico Ravell Nolck, confesos opositores al Gobierno de Venezuela y con fuertes lazos con empresas trasnacionales como Exxon Mobil, Crystallex, Owen Illinois y Conoco Phillips, han enfilado desde EEUU su accionar en contra de Pdvsa, la principal industria nacional que financia más de 90% del presupuesto nacional.

Al trío, cuyos miembros pasan de los 40 años de edad, se le señala de estar conjurado con EEUU y en colusión con empresas trasnacionales para apropiarse de las riquezas de Venezuela. “Voluntad Popular organizó una gran operación de fraude y estafa a la República para despojar al país de los activos de Pdvsa en el exterior”, dijo recientemente la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.

Pero no es sólo desde el Gobierno que se cuestiona el actuar de estos opositores; la crítica también emerge de la oposición. Domingo Alberto Rangel expresó recientemente, en uno de sus artículos, que “nunca había ocurrido en nuestra historia tantos disparates, delitos y faltas a la ética que rayan en la traición a la Patria, como acaba de suceder cuando la nación venezolana pierde su activo más valioso fuera del país –Citgo– mediante un acto de piratería jurídica, en el cual el factor principal de la maldad es la banda del autoproclamado”.

Consentido de la casa. Vecchio, “embajador” designado por Guaidó ante la Casa Blanca -donde es muy bien recibido-, tiene el encargo de la Administración Trump de estar al frente en Washington DC de las acciones golpistas contra el Gobierno venezolano.

Para inicios de febrero, cuando Trump dio su discurso sobre el Estado de la Unión y proclamó la decisión de su Administración de reconocer a Guaidó, Vecchio estaba sentado en el Capitolio como invitado de honor del senador republicano Marco Rubio.

En su papel de lobista de la oposición radical en EEUU, también ha sostenido, en varias oportunidades, encuentros con el vicepresidente Mike Pence; el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton; el secretario de Estado, Mike Pompeo; y el enviado especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, entre otros funcionarios, así como con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, furibundo enemigo del Gobierno de Maduro y una de las puntas de lanza del régimen estadounidense para inmiscuirse en los asuntos internos del país y lograr un cambio político proclive a Washington.

Es uno de los fundadores del partido Voluntad Popular, tolda a la que pertenecen Guaidó y Leopoldo López; este último es prófugo de la justicia, condenado a más de 13 años de prisión por su participación en los hechos violentos de 2014 denominados La Salida, que dejaron 43 muertos y más de 800 heridos.

El Gobierno venezolano acusó a Vecchio, quien cabildea incesantemente por una invasión y el bloqueo a Venezuela, de robar 70 millones de dólares de Citgo, filial de Pdvsa radicada en EEUU, la cual fue colocada bajo su control por la Administración Trump.

Vecchio, sobre quien pesa desde el 2014 una orden de aprehensión de la justicia venezolana por los delitos de instigación pública, daños públicos e incendio, comenzó su relación profesional con la empresa petrolera Mobil en 1994, en el área de consultoría legal, antes de que se fusionara con la gigante Exxon. Previamente, había trabajado en Pdvsa, en la época de la “meritocracia”.

Arte y parte. Los nombres de Ignacio Hernández, designado “procurador” y Alberto Federico Ravell Nolck (hijo de Alberto Federico Ravell, director del Centro de Comunicaciones de Guaidó), han tenido notoriedad en los últimos días a raíz del caso Crystallex-Citgo, luego de que un tribunal de EEUU dictaminara que los activos de Citgo, la mayor filial de Pdvsa fuera del país, pasarán a la minera canadiense para saldar una presunta deuda que el Gobierno de Venezuela mantiene con la compañía desde 2008.

El “procurador” de Guaidó, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, participó junto con los demandantes (Crystallex y Owen Illinois) de Pdvsa en las acciones de arbitraje que procuraban cuantiosas indemnizaciones contra Venezuela por expropiaciones calificadas de ilegales.

En el caso de la compañía estadounidense Owens Illinois, esta presentó una demanda contra el Estado venezolano por $500 millones el pasado 11 de febrero ante una Corte del Distrito de Delaware (EEUU), para exigir el pago de 500 millones de dólares acordados en 2015 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), como indemnización por la expropiación de dos de sus plantas en 2010.

En la demanda se nombra a Pdvsa y la filial Citgo, que según la trasnacional del vidrio, son “alter egos y meros instrumentos de Venezuela”. Según el portal La Tabla, Hernández, entonces experto legal de Owen Illinois, cobró 163.000 dólares por un informe clave en un posible embargo de Citgo, en el que como “experto legal” argumentó que las compañías de propiedad estatal Pdvsa y Citgo eran equivalentes a la República, lo que permitiría actuar contra los activos de las petroleras.

Ese mismo argumento del “experto” también fue usado en el caso del arbitraje de la canadiense Crystallex por la supuesta expropiación de un proyecto aurífero en 2011.

El pasado 29 de julio, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, en Filadelfia, rechazó un recurso de Pdvsa que buscaba anular la orden que permite a la minera canadiense Crystallex cobrar con activos de Citgo una millonaria deuda pendiente de Venezuela.

En consecuencia, Crystallex ganó una compensación de 1.400 millones de dólares por la expropiación de sus activos.

Hernández había sido contratado por Crystallex para que, como abogado constitucional, demostrara la relación de Venezuela y de Citgo, con el fin de exigir que sus activos le fueran entregados a la compañía aurífera por la demanda ganada en Ciadi.

Aunque el “procurador” deGuaidó asegura que sólo participó como “testigo experto”, una reciente declaración suya en una emisora capitalina pone en duda su señalamiento: “En ese caso (Crystallex), precisamente por la participación que yo tuve y para evitar mal entendidos, decidí separarme y me inhibí. Entonces, yo no estoy coordinando las defensas legales”.

Así, el profesor de Harvard, designado “procurador” por Guaidó el pasado 27 de febrero y que recientemente defendía a Crystallex, cambia de equipo y pasa a “defender a Venezuela”, y obvia la colisión de intereses.

Este actuar del agente de Guaidó se intentó ocultar a la opinión pública, lo que “habla de una conducta autoritaria por parte de un liderazgo, que actúa echando mano del expediente del hecho cumplido. Un liderazgo que se comporta de esta manera no puede merecer la confianza y el respeto de los venezolanos”, puntualizaban antichavistas en un comunicado enviado a la prensa el pasado domingo, entre los firmantes están Claudio Fermín y Manuel Isidro Molina.

Hijo de gato… El hijo del también director del medio opositor La Patilla labora como consejero legal senior para arbitrajes de Conoco Phillips, con sede en Houston (EEUU) y sería, de acuerdo con La Tabla, el responsable de gestionar las indemnizaciones que deberá cancelar la estatal venezolana por supuestas expropiaciones, y que suman cerca de 11 mil millones de dólares.

El hijo de Ravell ingresó a Conoco Phillip en junio de 2012, donde habría logrado una sanción contra Pdvsa por 2.040 millones de dólares en 2018 ante el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), con sede en París, y otra por 8.700 millones este año ante el Ciadi.

La Tabla destaca que también logró que un tribunal de Houston autorizara a ConocoPhillips a incluir a Citgo entre los activos a embargar, con el fin de cobrar una de las indemnizaciones.

Colusión a la vista. La colusión es definida en los textos jurídicos como el convenio o contrato de inteligencia hecho, en forma fraudulenta y secreta, entre dos o más sujetos con el objeto de perjudicar a un tercero. En consecuencia, todo acto hecho por colusión es nulo.

Y en esta conducta penal estarían incurriendo los representantes de Guaidó que actúan desde EEUU para apropiarse de los recursos de Venezuela, que no solo incluye a Citgo sino a otras filiales de Pdvsa: Monómeros (Colombia), PDV Caribe y PDV América.

Por lo pronto, el Ministerio Público investiga a José Ignacio Hernández, quien habría participado ilegalmente en el juicio en el que se autorizó a Crystallex embargar los activos de Citgo.

La joya de la corona

-Citgo fue creada en 1965 como una subsidiaria de refinación, comercialización y transporte de crudo.

-En 1986, Venezuela adquiere 50% de las acciones de la empresa y en 1990 compra a la Corporación Southland el otro 50%.

-Posee y opera tres refinerías de petróleo crudo en Luisiana, Illinois y Texas, que procesan al menos 750.000 barriles por día.

-6.000 estaciones de servicios en EEUU son abanderadas con la marca Citgo.

-48 terminales de almacenamientos son propiedad de la estatal.

-Fue mal negocio durante la llamada Cuarta República porque no reportaba dividendos al Estado. Hubo voces que pedían su venta.

-En 2017, la Fiscalía venezolana imputa y detiene a varios de sus gerentes por irregularidades en la firma de un contrato de refinanciamiento de deuda, por una suma de hasta 4.000 millones de dólares con dos fondos de capital de riesgo.

Cristallex

-Crystallex es una compañía aurífera con sede en Canadá, a la que en 2002 le fue adjudicado un contrato de explotación de la mina Las Cristinas, en Venezuela.

-En 2008, el Ministerio de Ambiente de Venezuela rechazó el plan ambiental de Crystallex, y se inició el litigio para rescindir el contrato de servicio y operaciones.

-En 2011, se anuncia que no se renovará la concesión a la empresa canadiense por incumplir lo acordado con el Estado venezolano.

-En 2016, Crystallex demanda ante un tribunal de EEUU a Venezuela.

Tenor Capital, un fondo de capital de riesgo, es la organización que adelanta los procesos judiciales de Crystallex contra Citgo, con el fin de hacer efectivo el laudo arbitral del Ciadi, que en abril de 2016 condenó a Venezuela a pagar 1.400 millones de dólares.

-A inicios de 2019, Crystallex contrata al abogado Ignacio Hernández para que la represente en sus demandas contra Venezuela.

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