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Roberto Briceño-León | Policía: ¿proteger el poder o al pueblo?

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En el imaginario común la función de la policía es mantener el orden y perseguir a los delincuentes que faltan a la ley. Desde hace siglos esa imagen ha sido criticada, pues, aunque verdadera, ha ocultado otra parte de la realidad y es que la policía ha estado destinada a proteger el poder.
La criminología crítica, y el marxismo en particular, señalaron que la policía tenía como función proteger a los poderosos: a los ricos de una sociedad y a los detentores del poder político. El filosofo francés Michel Foucault enfatizó en sus obras que la policía defendía el micropoder hasta en los espacios íntimos de la vida familiar y sexual.

La historia reciente de los pueblos ha buscado construir sociedades donde lo importante sea la defensa de las personas comunes y no de los poderosos gobernantes, y ese fue el origen de la Declaración de los Derechos Humanos. En la lucha contra el “absolutismo”, es decir, contra un rey que podía hacer y deshacer a su antojo sobre la vida y las propiedades de los súbditos, se establecieron sociedades donde no gobernaba un rey o un presidente que era la ley, sino unas leyes que estaban por encima de reyes y presidentes y las cuales ellos debían también obedecer.

Esa rebelión se expresó en dos formas: leyes que tenían como propósito defender al ciudadano común y no al gobierno. Y prácticas de las policías destinadas a proteger a las personas y no a las autoridades. Por eso, hoy en día hablamos de “seguridad ciudadana” y no de “seguridad nacional”.

El dilema poder o pueblo puede parecer abstracto, pero se expresa en decisiones que afectan la vida cotidiana de los venezolanos. Por ejemplo, para proteger el poder se han destinado millones de dólares en compras de equipos antimotines, tanquetas, trajes de robocop; pero las policías destinadas a proteger al pueblo y que deben patrullar los barrios,no tienen dinero para comprar las baterías o cauchos de sus vehículos ni el armamento adecuado para enfrentarse a las bandas criminales.

Además, tanto en la represión de protestas como en las OLP, la Policía Nacional ha estado destinada a proteger el poder y no al pueblo. La acción criminal y robos en la represión de las protestas por los derechos democráticos de la población, así como los miles de muertos por la policía, que de manera muy valiente denunció la fiscal general Luisa Ortega Díaz, son muestra de eso.

Esa actuación de la policía le está causando una grave daño a una institución que debería merecer el apoyo y el respeto de toda la ciudadanía. Nuestras investigaciones han mostrado que su imagen era mala y ahora está peor. El poder, en su defensa desesperada, está socavando aún más las bases de legitimidad que requiere la acción policial para proteger al pueblo. Restaurar el hilo constitucional y la democracia participativa implica devolverle a la policía su gran función histórica de proteger a los ciudadanos y no el poder.