Informe canalla

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

La ONU, en confabulación con ONG tarifadas, pretenden una intervención a Venezuela, apuntalando carteles mediáticos para justificar acciones militares y no militares con el fin de reingenierizar la Constitución en función de los intereses corporativos transnacionales, dañando su legitimidad.

Para la ONU la democracia es pura ficción, representación que evapora al pueblo y su participación real.
Imponen una pseudo juridicidad neutral, no fundada en la mayoría sino en minorías especializadas.
Informe canalla que respalda el comportamiento hostil de la jauría mediática mundial cuando banaliza al pueblo chavista. Nos aplican otro blackout mediático, invisibilizando las violaciones a los Ddhh de millones de venezolanos afectados por el bloqueo criminal y al 75% de las víctimas de hechos terroristas del 2017.

Así el contubernio ONU y ONG tarifadas establecen el mismo expediente del 2002: acusar, criminalizar, borrar a las mayorías chavistas y configurar una opinión pública para legitimar la intervención humanitaria, moral, jurídica y militar, imponiéndonos una Constitución tutelada.

Informe sesgado que confunde debilidades del Gobierno con violaciones a los Ddhh creando falsos supuestos, y en un error de adecuación de la conducta del supuesto Estado violador; estigmatiza y ofende a la mujer venezolana cuando nos llama pedigueñas y prostitutas, desbalance absoluto cuando admite que entrevistas, encuestas y noticias fueron tomadas en un 89% fuera del país o elaboradas por ONG patrocinadas por la NED y la Usaid, cuya metodología de investigación carece de validez y rigurosidad, ocultando las causas reales de las afectaciones económicas que derivan en debilidades de sistemas de salud, alimentos y servicios que sufre el país producto del bloqueo criminal. Se justifican en el argumento falaz de la crisis humanitaria, que según su propia legalidad “sólo ocurre cuando sucede una catástrofe natural”.

Oculta que la conducta personal de un funcionario que decide a motus propio cometer excesos en materia de derechos humanos, nunca puede equipararse con el comportamiento generalizado y sistemático de un gobierno, sobre todo cuando éste ordena investigar y castigar a los transgresores. Informe canalla contra un pueblo que resiste a persecuciones de toda índole y a las más férreas medidas coercitivas unilaterales. Levantamos nuestra voz para defender el derecho a ser una nación soberana y no tutelada.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print