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Claves / Guerrilleros y militares dentro de la Justicia Transicional

Las condiciones para procesar a los efectivos del Estado no fueron negociadas con las Farc en La Habana
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Benytsa González.– La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral de los acuerdos firmados en La Habana y parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, fue aprobado este martes 28 de marzo en la Cámara de Representantes de Colombia, tras la suspensión de la votación la semana pasada. El Senado ya aprobó el texto.

La implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y una paz duradera, firmado por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de Colombia (Farc), luego de cuatro años de negociaciones en La Habana, avanza en medio de un clima de incertidumbre sobre sus alcances y el cumplimiento de lo pactado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el mecanismo concebido en los acuerdos para instrumentalizar la rendición de cuentas, tanto de guerrilleros como de militares, la impartición de justicia, y garantizar verdad, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado de más de 50 años.

El debate para su aprobación en el Congreso no ha sido fácil. La JEP es objeto de críticas ante la posibilidad de que genere impunidad frente a los delitos cometidos “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, bajo el argumento de alcanzar la paz y la reconciliación de los colombianos.

Otros aspectos de la implementación, como la adecuación de las zonas veredales y el desarme de los guerrilleros, ya están bajo la lupa de propios y extraños al registrarse algunos incumplimientos, y al existir reservas sobre la transparencia del proceso. La adaptación, por parte del Gobierno, a cronogramas y calendarios han privado por encima de una ejecución cabal y efectiva de lo pactado.

 

Justicia diferenciada

En la Jurisdicción Especial para la Paz, el Gobierno colombiano ha garantizado para los efectivos de la fuerza pública, policías y militares, seguridad jurídica y el disfrute de un “tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo”, con respecto de lo acordado para los guerrilleros de las Farc. No obstante, las penas tanto para militares y guerrilleros no serán las de la justicia ordinaria.

 

El esquema de justicia para los agentes del Estado no fue negociado con la guerrilla. “Es una decisión unilateral del Estado colombiano, ya que no son iguales las Farc y nuestros soldados y policías, porque nuestros hombres han actuado con presunción de legalidad, en defensa de una democracia amenazada; las Farc, en cambio, han actuado ilegalmente contra personas y bienes”, explicó en su momento el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas.

Bajo la premisa de que los agentes del Estado no cometen delitos políticos, para las Farc habrá amnistías mientras los miembros de la Fuerza Pública obtendrían el beneficio de “renuncia a la acción penal”, con lo cual quienes estén en este momento sub júdice podrían obtener su libertad. Según cifras oficiales, unos 5.500 agentes de la fuerza pública podrían acogerse a la JEP, dos mil de ellos presos.

La Ley de Amnistía (Ley 1820, aprobada en diciembre pasado) dicta las disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. La ley excluye de sus beneficios a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

 

¿Qué obtendrán los militares?

  • Los agentes del Estado manifestarán libremente su deseo de acogerse a la JEP y se comprometen a contar toda la verdad, a reparar y a no volver a repetir. Podrán optar al mecanismo los miembros de la fuerza pública que están siendo procesados por la justicia penal ordinaria, que están en etapa de investigación o ya condenados.

 

  • Las altas cortes serán los organismos de cierre de los procesos judiciales, en el caso de que la justicia alternativa sea muy severa. Los agentes del Estado cumplirán sus penas en unidades militares o prisiones de la fuerza pública.

 

  • La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción, sino “en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta y en los medios a su alcance para prevenirla”.

 

 

  • Libertad condicional inmediata para quienes, al momento del proceso, ya hayan cumplido cinco años con privación efectiva de la libertad y traslado a unidades militares para quienes no hayan cumplido cinco años de privación de libertad. Se prevé que cerca de mil miembros de la Fuerza Pública podrían quedar en libertad y otros mil irían a unidades militares.

 

  • Los hombres de las Fuerzas Militares y de Policía que hayan quedado retirados de sus filas, no podrían volver, así queden en libertad provisional.

 

  • La renuncia a la persecución penal se aplicará a militares y policías que estén condenados, procesados o vinculados penalmente a cualquier proceso por situaciones relacionados con el conflicto armado, que no constituyan delitos de lesa humanidad. Implica: obtener beneficios como extinción de la acción, responsabilidad y sanción penal.

 

  • Habrán tres ocasiones delictivas en las que no se podrá aplicar la renuncia a la persecución penal
  • Delitos que no fueron cometidos con ocasión o en relación del conflicto armado
  • Delitos de lesa humanidad (genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción y reclutamiento de menores, desplazamiento forzado)
  • Delitos cometidos contra el servicio, la disciplina, el honor, la seguridad y los intereses de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

 

  • Al hacerse efectiva la renuncia a la persecución penal, se hará el tránsito a cosa juzgada material y solo podrá ser revisada por el Tribunal para la Paz. Se eliminarán los antecedentes penales y se anula la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa derivada de la conducta penal.

 

  • La reparación de las víctimas la lleva a cabo el Estado.

 

¿Cómo serán juzgadas las Farc?

  • Por la Ley de Amnistía se beneficiarán cerca de 4.500 guerrilleros presos por los delitos de rebelión, sedición y asonada. “No se­rán ob­je­to de am­nis­tía o in­dul­to las con­duc­tas ti­pi­fi­ca­das en la le­gis­la­ción na­cio­nal que se co­rres­pon­dan con los de­li­tos de le­sa hu­ma­ni­dad, el ge­no­ci­dio y los gra­ves crí­me­nes de gue­rra”.

 

  • Según el acuerdo de paz, quienes confiesen crímenes atroces ante el tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen serán juzgados, y si son declarados culpables, recibirán penas de ocho a 20 años de prisión. Este punto ha sido considerado el más polémico.

 

  • La responsabilidad del mando, tanto para militares como para las Farc, se fundará “en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta y en los medios a su alcance para prevenirla”.

 

  • Los rebeldes cumplirán sus penas en centros especiales, que pueden ser granjas, bajo supervisión de la ONU.

 

  • El Tri­bu­nal de Paz po­drá dic­tar tres ti­pos de sen­ten­cias:
  • Propias: Quie­nes re­co­noz­can de­li­tos muy gra­ves ten­drán una pe­na de en­tre cin­co y ocho años de res­tric­ción efec­ti­va de la li­ber­tad, en con­di­cio­nes es­pe­cia­les. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de 2 a 5 años.
  • Alternativas: Quie­nes re­co­noz­can la res­pon­sa­bi­li­dad de ma­ne­ra tar­día se­rán san­cio­na­dos con pe­na de pri­sión de cin­co a ocho años, en con­di­cio­nes or­di­na­rias. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de 2 a 5 años.
  • Ordinarias: Pa­ra los que se nie­guen a re­co­no­cer su res­pon­sa­bi­li­dad y re­sul­ten cul­pa­bles se­rán con­de­na­dos a pe­na de pri­sión has­ta de 20 años, en con­di­cio­nes or­di­na­rias.

 

  • Los guerrilleros bajo la JEP no serán extraditados.

 

  • La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho (activo o pasivo) en esta área.