Brics rechazó informe parcializado de Alta Comisionada para DDHH sobre Venezuela

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

La Brigada Internacional de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) rechazó mediante un comunicado el informe parcializado emitido por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela.

“Como integrantes de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela rechazamos con fuerza este informe que viola los más básicos principios de la imparcialidad y que pretende imponer la idea de que en Venezuela existe una feroz dictadura para oprimir a su pueblo y sumirlo en la miseria y la anomia, a contrapelo de la realidad concreta y de la historia, la Revolución Bolivariana muestra muchos ejemplos en sentido contrario”, cita el texto.

Además, manifiesta que al emitir un informe “parcial, tendencioso y abiertamente político”, la Alta Comisionada demuestra que es una aliada del presidente Donald Trump y de su doctrina de despreciar el derecho internacional.

Precisa que el texto emitido por Bachelet pone en riesgo la credibilidad del organismo internacional al que representa y el desarrollo pacifico de las naciones.

A continuación el texto integro:

ANTE EL DALTONISMO DE MICHELLE BACHELET

        LA VISIÓN CLARA DE LOS PUEBLOS

Errores, inexactitudes, declaraciones falsas y fuera de contexto. ¿Sobre qué imparcialidad puede presumir la información de la Alta Representante para los Derechos Humanos Michelle Bachelet?.

Su informe utiliza testimonios de un solo sentido, hechos por personas que en su mayoría están fuera de Venezuela. Ignora deliberadamente las causas y responsabilidades de las situaciones que denuncia, la mayor parte del tiempo sin evidencia y con una actitud viciada por el prejuicio. En su ansiedad por presentar al gobierno bolivariano como culpable, no menciona el peso de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa, ni los daños y perjuicios que han ocasionado al pueblo de Venezuela.

Omite mencionar las diversas acciones de violencia ejercidas por manifestantes de oposición en términos de muertes, lesiones y daños a instalaciones públicas, especialmente durante los años 2013, 2014 y 2017. Al menos 9 funcionarios murieron y otros 1.263 resultaron heridos entre el 2017 y 2019. Sin contar las decenas de muertos y heridos cuya única responsabilidad en el conflicto, fue pasar circunstancialmente cerca del lugar de una manifestación, su color de piel, o ser relacionado como adherente de la Revolución Bolivariana. Al parecer para la Alta Comisionada nada representa la aplicación de la justicia demostrada con los 104 agentes del Estado condenados y los 335 detenidos por delitos relacionados a los DDHH y el uso excesivo de la fuerza, llevados a cabo por la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela desde agosto del 2017 hasta Mayo 2019.

Bachelet y su equipo optaron por creer a Organizaciones No Gubernamentales que dependen para su financiamiento del gobierno de Estados Unidos y sus agencias. Optaron por dar su respaldo a testimonios de personas que están fuera del país. Optaron por no investigar, sino simplemente recopilar los datos que le eran proporcionados por otros y hacer caso omiso a los más de diez (10) informes presentados a la Alta Comisión de Derechos Humanos por el Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado. De las 556 entrevistas realizadas, más del 80% fueron con personas, organizaciones o agencias que están fuera de Venezuela y que recopilan sus datos por fuentes indirectas.

Desde la Alta Comisión de Derechos Humanos se optó por continuar invisibilizando a las víctimas de los actos terroristas de la oposición. Once (11) personas asesinadas durante el 2013; cuarenta y tres (43) en el 2014; y ciento setenta y dos (172) durante el 2017. Recordemos el atentado contra las niñas y niños de un preescolar que quisieron incendiar, o al personal médico y pacientes de los Centros de Diagnóstico Integral que fueron atacados con disparos y explosivos, o al ataque contra estudiantes de los núcleos de la Universidad Bolivariana de Venezuela que fueron incendiados en los estados Mérida, Táchira y Miranda.

No tiene en cuenta los progresos realizados en materia penitenciaria, que la propia Bachelet pudo determinar visitando varias prisiones. Niega también todo el resto de las políticas sociales desarrolladas por el Gobierno y las califica de “mecanismos de control social”. Denuncia la presunta violación de los “derechos colectivos de los pueblos indígenas”, ignorando toda la documentación proporcionada por el gobierno bolivariano sobre los 102 títulos colectivos de tierras entregados a los pueblos indígenas o la satisfacción del 73% de las solicitudes presentadas por 683 comunidades indígenas.

Con ese nivel de prejuicio, qué se puede esperar sino conclusiones que niegan la realidad compleja, diversa, rica y contradictoria que hoy tiene la sociedad venezolana en su conjunto. Para decir que en Venezuela hay dificultades en el acceso a medicamentos y medicinas, no era necesario que fuera Bachelet y su equipo a escribirlo, es algo con lo que las venezolanas y venezolanos convivimos cotidianamente y hacemos dignos, enormes e infinitos esfuerzos por subsanar en un ejemplo comparable a la defensa de Madrid durante la guerra civil española, a Stalingrado o al “chillar de la economía” (Nixon dixit) en el Chile de Allende, así como a la Cuba agredida y bloqueada desde hace ya más de seis décadas.

En lo que se equivoca Bachelet, es en los motivos y en las formas de resolver esta circunstancia. Al emitir un informe parcial, tendencioso, y abiertamente político, la alta comisionada Bachelet se ha convertido en el mejor aliado de Trump y de la doctrina actual del imperio de despreciar el derecho internacional. Al tergiversar la realidad de Venezuela, además de intentar dañar a un gobierno, toman el riesgo de hacer tambalear la credibilidad de la organización que representan y ponen en peligro el desarrollo pacífico de las naciones.

Como integrantes de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, rechazamos con fuerza este informe que viola los más básicos principios de la imparcialidad y que pretende imponer la idea de que en Venezuela existe una feroz dictadura para oprimir a su pueblo y sumirlo en la miseria y la anomia, a contrapelo de la realidad concreta y de la historia, la Revolución Bolivariana muestra muchos ejemplos en sentido contrario.

Al menos setenta (70) errores identifica el estado venezolano en el informe emitido por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, desde las brigadas encontramos uno más: el “daltonismo” con el que fue realizado tan cuestionado informe, ya que impidió visibilizar una parte importante, real y concreta de la realidad venezolana y distorsionó lo que a la postre sí fue apreciado por la doctora Bachelet.

Las y los periodistas, escritores, escritoras, comunicadores populares y militantes de la comunicación emancipadora que integramos las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, suscribimos plenamente el presente documento.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print