Venezuela llama a la ONU-DDHH a corregir 70 errores en su informe

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Este jueves el gobierno de Venezuela dio a conocer que el informe emitido por la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, contiene 70 errores donde es recurrente la falta de objetividad e imparcialidad.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (OACNUDH), remitió al Gobierno de Venezuela una “versión avanzada no editada”, en idioma inglés, del Informe de Bachelet el 28 de junio de este año, con la finalidad de que el Gobierno hiciera las consideraciones generales.

Ante la revisión, fueron encontrados varios errores, entre ellos, que las fuentes utilizadas no fueron las correctas, ya que no se usaron las oficiales, además se omitió el resultado de las visitas realizadas por Bachelet en el país. El 82% de las entrevistas referidas en el informe, fueron realizadas a personas ubicadas fuera del territorio Venezolano.

También fueron omitidos los logros y avances alcanzados por el gobierno de Venezuela en materia de derechos humanos y se le da más relevancia a las posturas adversas a Maduro. El documento omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y de atención social, tal es el caso de los programas sociales.

Entre las afirmaciones del informe, se asegura que el gobierno venezolano reconoció la “crisis humanitaria”, cuando la realidad es que se reconoció un impacto negativo en la situación venezolano a raíz del bloqueo económico. Asimismo, se omitió el 75% de inversión que recibe el área social venezolana del presupuesto de la nación, información que fue presentada a Bachelet en un informe detallado por el Ministro de Educación Aristobulo Isturiz.

Por otra parte, condena que el informe de la Alta Comisionada omite incluir el impacto generado por el bloqueo económico implementado por el Gobierno de los Estados Unidos, en los niveles de vida del pueblo venezolano.

En el área comunicacional, el informe hace referencia a múltiples agresiones a la prensa, aún y cuando el Gobierno indicó que entre 2018 y 2019 se produjo la deportación de tres periodistas extranjeros, en virtud del incumplimiento de las disposiciones migratorias. Además omite que han sido otorgadas 32 nuevas concesiones de radio y una concesión de televisión y han sido renovadas 12 concesiones de radio y televisión entre 2018 y 2019.

Venezuela denuncia a través de su comunicado que en el párrafo 13 del informe se sostiene que el Estado no ha demostrado usar todos los recursos a su disposición para asegurar el derecho a la alimentación, aún cuando se aportó a la OACNUDH información sobre las medidas implementadas para garantizar este derecho, tanto en el caso de alimentación a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), como en el campo de salud.

Omite además, la información otorgada por el Ministerio Público, donde se conoce 292 casos donde se encuentran vinculados 388 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, durante los años 2017 al 2019, por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio.

La OACNUDH acusa al Gobierno venezolano de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia, señalamiento que califica Venezuela como falso porque dejan de mencionar las diversas acciones de violencia y contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, emprendidas por sectores de la oposición venezolana desde el año 2002.

El informe A/HRC/41/18 no refleja las informaciones oficiales suministradas por el Estado en cuanto a salud pública, mortalidad infantil, los beneficios otorgados a través del Carnet de la Patria, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la libertad de prensa que existe en el país y que fue reflejada en la visita de la Alta Comisionada.

Según expone el gobierno de Venezuela, la OACNUDH tampoco evaluó el impacto generado por las medidas coercitivas de EEUU y recomendara al Gobierno adoptar resoluciones para atender la situación de derechos humanos, mientras se abstiene de subrayar el deber de levantar el bloqueo de EEUU, tal y como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

En cuando a la economía venezolana, sostiene que ya se encontraba en crisis antes de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales del 2017, omitiendo considerar el impacto generado por la reducción del precio del barril petróleo a partir del año 2014, como resultado de las acciones adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos, lo que trajo como consecuencia la caída del precio del petróleo y por ende de los ingresos de la República, de 43.690 millones de dólares en 2013 a 38.109 millones de dólares en 2014.

Entre las recomendaciones del informe se recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos” en Venezuela. Esta recomendación, resulta inaplicable y por tanto equivocada, según el documento, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición.

Luego de la evaluación, el Gobierno venezolano solicitó directamente a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18, antes de su publicación.

El informe completo puede descargarse aquí.

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