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Luisa E. Morales L. | Derecho Agrario para la paz

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En un análisis de la cuestión agraria, desarrollado en anterior artículo, destaqué que el hecho agrario en América del Sur y Centroamérica da origen a una normativa y una teoría del Derecho del área diferente a la europea y a la norteamericana.

Nuestro Derecho Agrario nace impregnado de violencia, de resistencia, de lucha permanente que desafortunadamente no ha cesado. Colombia, México y Centroamérica reviven la resistencia campesina, que generalmente es también indígena, es originaria. En Venezuela, específicamente, debemos resaltar la presente controversia por la tierra en nuestra historia. En la Colonia, en la Independencia, en la Guerra Federal, siempre el conflicto por la tierra ha sido determinante, aun cuando los que escriben la historia pretenden atribuir a otros hechos las raíces del conflicto.

La normativa del Derecho Agrario venezolano alzó vuelo hasta anidar en la propia Constitución y se estableció en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aún sin cumplimiento en más de 70% de su articulado, con una lamentable reforma en 2010 que desvirtuó algunas de sus principales instituciones y eliminó otras como la poligonal rural, por ejemplo, e introdujo términos ajenos a la disciplina como tercerización, propio del Derecho Laboral y no del Agrario, que en sus formas solidarias y colectivas de trabajo en el campo tiene raíces la mano vuelta, la cayapa, el convite y la medianería.

En un sincero ejercicio de razonamiento jurídico crítico se puede concluir que la normativa agraria perdió su redondez, la hermenéutica, y entró en grandes contradicciones como consecuencia de ello. Una de las más lamentables es la indefensión en que a veces se halla nuevamente la clase campesina, en lo administrativo por la burocratización de los entes creados por el gobierno revolucionario para resolver, y no resuelven, al menos no a nivel del hombre de campo, de a pie… aún más en los tribunales agrarios creados para garantizar la justicia de tierras y hombres libres, justicia zamorana, jueces no especializados, salvo algunas excepciones.

Casos pudiésemos citar copiosamente: latifundistas que presionan a los campesinos productores de musáceas en Macagua, Yaracuy, por ejemplo, cerrando el paso ancestral para sacar sus productos, mientras que en Caracas un kilo de cambur cuesta ocho mil bolívares ¿Y el plátano? Entonces, ¿dónde comienza la escasez de alimentos? De nuevo el tema real y tangible del latifundio. ¿Qué resolverá el juez agrario en este caso? Debe ser sin duda justicia zamorana. La lucha por la tierra es la guerra necesaria por la paz.

lemoralesl@gmail.com