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SUCESOS | 16/09/2012 08:45:00 a.m.
Un “cangrejo” venezolano bajo las leyes de Kenia
Dwight Sagaray, acusado del asesinato de la embajadora Olga Fonseca, en Nairobi, espera la audiencia para conseguir salir en libertad bajo fianza. Su equipo de abogados aspira a lograr la desestimación de la causa por ausencia de pruebas

Un “cangrejo” venezolano bajo las leyes de Kenia
Imagen referencial (Creditos: EFE)
Albinson Linares| ÚN 

El 27 de julio pasado fue un día aciago para la diplomacia venezolana. A 11.532 kilómetros de Caracas, en Nairobi, Kenia, la embajadora venezolana Olga Fonseca fue estrangulada en su dormitorio de la residencia oficial de la Embajada de Venezuela en el país africano.

Siendo Nairobi un destino selecto por las cancillerías del mundo al albergar importantes misiones de la Organización de las Naciones Unidas, el escándalo no se hizo esperar.

Cinco indiciados fueron puestos a las órdenes de los tribunales.

 Cuatro empleados domésticos de la residencia, un médico somalí llamado Mohamed Ahmed Mohamed Hassan y el abogado venezolano Dwight Sagaray, primer secretario de la Embajada de Venezuela en Kenia, fueron acusados del crimen.

Las razones de la detención del diplomático fueron explicadas por la fiscal Tabitha Ouya a los medios: “Las investigaciones iniciales revelan que la fallecida fue estrangulada y Sagaray es un sospechoso clave en su muerte (...) Los testigos potenciales son de la Embajada y tememos que él pudiera influir en ellos. Esa es la razón por la que pedimos que continúe detenido”. 

Pese a su inmunidad diplomática, el funcionario fue interrogado y detenido en la comisaría de Gigiri (barrio muy cercano al complejo de las Naciones Unidas) y sus abogados afirman que después de eso fue que el Gobierno venezolano le notificó el cese de funciones, aunque no hay documentos en las actas procesales que lo comprueben. 

En una actuación sin precedentes en el ámbito diplomático del país, en menos de 24 horas, Venezuela le revocó todos los privilegios a Sagaray y, aunque la fiscalía keniana no pudo recoger pruebas suficientes en los seis días que fijó el tribunal, fue acusado junto con los demás indiciados. Es el único a quien no se le ha otorgado el beneficio de libertad bajo fianza; por ello aún sigue detenido.

El próximo 27 de septiembre es la primera audiencia donde se planteará la posibilidad de una fianza para que el abogado criollo pueda asistir al resto del proceso de defensa en libertad.

 Desde ese primer momento de los hechos, la primera detención e interrogatorio, el equipo de abogados kenianos y venezolanos que lo representan han detectado múltiples irregularidades en las diversas fases de la investigación judicial.

Cangrejo en Nairobi. Esas peculiaridades y rarezas del proceso son las que despertaron el interés de Héctor Griffin.

Este veterano abogado, experto en relaciones internacionales y exdiplomático de carrera, pasó décadas al servicio de la Cancillería venezolana en diversos destinos del mundo. Sin embargo, África –por sus raíces culturales y los apetitos de su intelecto– ha sido un continente especial en la formación del diplomático: “Fui jefe de misión en Nigeria por cuatro años con influencia directa en Liberia, Ghana y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, Kenia es un país especial para mí; de hecho, estuve presente el 30 de abril de 1970 y firmé el documento cuando se establecieron relaciones entre ambos países. Por eso conozco bien la idiosincrasia de los kenianos y la rigidez de sus leyes”. 

Pese a las advertencias de amigos y familiares que lo instaron a alejarse del tema por “lo espinoso y peligroso del asunto”, pesó más en su ánimo la curiosidad jurídica y la intriga por conocer la verdad. Por ello, Griffin integra actualmente el equipo defensor de Dwight Sagaray como uno de los principales asesores y viajará a Nairobi para argumentar en la primera audiencia.

Olga Fonseca, a quien conocí durante años en la Cancillería, viajó a Nairobi para encargarse de la embajada y arreglar la situación irregular que había dejado el anterior titular, Gerardo Carrillo Silva, quien, no debemos olvidar, fue acusado de acoso sexual; pero desde que leí en un diario que el primer secretario estaba preso violando la Convención de Viena me llamó poderosamente la atención”, explicó el experto.

Luego de dedicar su vida a las relaciones internacionales, este abogado atesora vastos conocimientos sobre el funcionamiento de los diversos tratados jurídicos que definen y resguardan la condición de los diplomáticos. Por ello aseveró: “Nunca había oído algo igual. Sencillamente no le han revocado la inmunidad a nadie para que sea juzgado en el extranjero. He consultado a mis colegas por antecedentes y nadie recuerda algo semejante.
 He revisado anales de las relaciones diplomáticas venezolanas y no he encontrado que eso se haga. Lo considero algo bien grave”.

Con la idea fija en ese detalle, Griffin desempolvó sus textos de derecho internacional y desde ese día no ha parado de investigar sobre el caso. 

Inició sus reflexiones con el artículo 10 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, donde se establece de forma expresa que tanto el nombramiento como el cese de funciones del personal debe pasar por un proceso que no fue contemplado en este caso.

En el mismo tratado remite al artículo 39, el cual reza que “los privilegios e inmunidades” cesarán luego de que esa persona salga del país o expire un “plazo razonable” de tiempo.

El abogado argumentó que, en todo caso, 24 horas no son suficientes para un cese de funciones y se acoge al final del inciso: “Sin embargo, no cesará la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión”.

Griffin es de la opinión de que, ante la ausencia de documentos que prueben que la revocación de la inmunidad del acusado se dio antes de la primera detención e interrogatorio, todo el proceso carece de validez: “Eso es írrito porque la inmunidad dura un tiempo más después del acto formal administrativo, y en este caso eso no sucedió. Los policías lo detienen y lo hacen declarar estando bajo inmunidad, después llega algún tipo de comunicado del Gobierno venezolano y lo vuelven a obligar a declarar y queda una constancia con fecha y firma”.

Sin pruebas concluyentes. De igual manera, se refirió al artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra la inviolabilidad del derecho a la vida, y agregó: “Nosotros le quitamos la inmunidad a uno de los nuestros para que lo juzguen en un país donde lo pueden matar por ese delito que supuestamente cometió. Si algo ocurrió en territorio venezolano, como es la residencia oficial, y resulta que el presunto culpable es un venezolano que se lo entregamos a las autoridades del país receptor para que lo juzguen es casi como si lo extraditaras para que se lo lleven. Eso no se puede hacer porque el artículo 69 de nuestra Carta Magna prohíbe la extradición de nuestros ciudadanos”.

El jurista recalcó la carencia de pruebas que enfrentó la fiscalía ante los seis días planteados por el juzgado y el hecho de que todos los demás indiciados se encuentren en libertad menos el venezolano: “Los abogados kenianos me han dicho que la Fiscalía no tiene pruebas para ubicar a Sagaray en el lugar de los hechos a la hora en que ocurrieron. Pero sí tienen pruebas de que estaba en su casa. Lo interesante es que, al leer los registros policiales y el expediente, la conclusión clara es que el crimen no pudo cometerlo una sola persona y, sin embargo, hay un solo preso”.

El equipo jurídico en Kenia introdujo una moción urgente en la cual piden el beneficio de la libertad bajo fianza pese a ser un delito de lesa gravedad, puesto que la ley de ese país prevé la concesión.

Griffin aspira a poder hablar en esa audiencia y expresar sus dudas: “Pediré la autorización para exponer el caso. Tenemos muchos elementos de análisis que están en la cabeza de la jueza, quien en esta fase del proceso tiene la capacidad de desestimar las acusaciones, así como sucede en el sistema judicial venezolano. Ella puede desestimar las acusaciones de la Fiscalía y permitir que quede libre”. 

De sus lecturas de los expedientes de los relacionados del caso, la cobertura periodística y los registros policiales, el abogado concluyó: “Lo que quiero es que la Policía keniana consiga al asesino. Algunas autoridades de allá están dejando entrever que los utilizaron para algo vil. Insisto en que nadie habla del anterior encargado, ni de los otros secretarios que incluso estuvieron con Fonseca antes de su muerte”.

Cuando al investigador le reprochan su interés por la situación de su compatriota, suele asegurar con gravedad: “Si alguien vio cuando Sagaray agarró el mecate para estrangularla, que me lo diga. Todos tienen un derecho sagrado a la defensa, al debido proceso y a ser juzgado por sus jueces naturales. Cuando se cumpla con eso, veremos lo que pasará”.

Sin respuesta del MIJ.  Yenibel Lugo, abogada y prima de Sagaray, es parte fundamental del equipo defensor. Su mirada se fija en otros detalles anómalos de la actual situación jurídica de su pariente: “La relación laboral patrono-trabajador que podría tener con el Ministerio de Relaciones Exteriores, su estabilidad laboral y el posible despido injustificado son interrogantes que hemos ido hilando en el ámbito jurídico y que, remitiéndonos al artículo 51 de la Constitución, esperamos que la Cancillería nos dé respuesta”.

Algo que la experta resaltó es la actitud de la Cancillería venezolana en el caso. Sagaray sufraga sus gastos jurídicos con los aportes que familiares y amigos otorgan para apoyarlo en el pago de los honorarios profesionales de su defensa, pero no cuenta con su salario desde el cese de funciones.

“La Cancillería ha ratificado de forma verbal que el Gobierno venezolano no va a pagar la asistencia jurídica. Lo único que han aportado es un pasaje para que vaya uno de sus hermanos. Incluso hay una asistencia que está en las leyes y tratados consulares que estamos estudiando para ver si podemos acogernos a ella y lograr algún tipo de apoyo”, acotó Lugo.

Otro aspecto importante de la defensa es la ausencia de antecedentes penales del indiciado. Pese a tener una carta poder para gestionar todos los asuntos y defender los intereses de su primo, a la fecha ha sido imposible tener esos documentos: “Aunque no tiene antecedentes penales y policiales, necesitamos que los emitan. Hice mi trámite como todo ciudadano en tiempo hábil con todos los argumentos y elementos solicitados, pero el viernes pasado debían entregarlos para que se hiciera la traducción debida y poder presentarlo como una prueba más en Kenia”. 

Estas pruebas son consideradas vitales por la defensa, por lo cual la abogada explicó: “Debemos cumplir con todos los requisitos legales por la gravedad del caso y, lamentablemente, el Ministerio de Interiores y Justicia no nos los entrega.

 Aparentemente había problemas con una letra cambiada, pero hasta ahora no tenemos los antecedentes. Esperamos por eso para que lleguen a tiempo a las audiencias”.

Palabra de hermano. José Sagaray es uno de los hermanos mayores del acusado y es el escogido para viajar a Nairobi y acompañarlo durante la vista el próximo 27 de septiembre. 

No tenemos apoyo del Estado, pero como familia hemos hecho todo tipo de intentos y agradecemos la ayuda de amigos que nos han dado apoyo económico. Tuvimos que poner el dinero de nuestras vacaciones, que no disfrutamos para hacer trámites legales con los abogados de aquí y de allá. De hecho, acabamos de hacer una actividad de calle donde vendimos rifas de un retrato del Libertador, y recogimos algo de dinero, pero no es suficiente”, añadió el familiar. 

Aunque no tienen dudas sobre la inocencia de su hermano, el tiempo transcurre rápido para esa familia de Maturín que espera se haga justicia este septiembre. Mientras tanto, la mirada de los medios y el mundo se posan en Kenia esperando que se despeje la verdad del crimen de Olga Fonseca. 





alinares@cadena-capriles.com


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