Carjuan Cruz EMEN.- En el juicio de Econoinvest, la Fiscalía y la defensa de los cuatro acusados se enfrentarán por la legalidad de las operaciones.
El
Ministerio Público acusa a
Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel de comercialización ilícita de divisas, y agavillamiento, para lo que se basa en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios que estuvo vigente hasta el 16 de mayo de 2010.
Aunque en el artículo nueve de esa normativa se citaban cuáles eran los ilícitos cambiarios, al final registraba una salvedad: "se exceptúan las operaciones con títulos valores".
El fiscal que representa en el juicio al Ministerio Público, Daniel Guédez, indicó en su acusación en el primer día del juicio que la investigación de la Fiscalía comenzó por una denuncia hecha por Tomás Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Valores (ahora superintendencia), en la que se indicaba que unas casas de bolsa estaban realizando comercialización de divisas, sin títulos valores.
Sin embargo, la investigación hecha por Guédez no comprueba que las operaciones de Econoinvest no se realizaban con bonos, sino indica que la finalidad de las transacciones era la obtención de divisas, para lo que la salvedad de la normativa debía especificar esa intención. Según Guédez, la ausencia de ese detalle, hace de las operaciones de Econoinvest un ilícito cambiario.
Sin embargo, el propósito de la excepción en la normativa fue hecha con intención por la Asamblea Nacional para precisamente aliviar la presión por la demanda de la divisa en el marco del control cambiario, como una segunda alternativa para conseguir dólares, además de Cadivi.
De hecho, el Ejecutivo elimina este mercado alternativo con la Ley contra Ilícitos Cambiarios, en donde quitó del artículo nueve la exclusión expresa que había de las operaciones con títulos valores. Tres meses después el Gobierno creó el Sitme, manejado por el Banco Central de Venezuela, que funge como esa segunda alternativa para la adquisición de dólares.
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