ÚN | EFE.- El
Gobierno nacional rechazó este sábado los señalamientos hechos en su contra por la Casa Blanca en su
último informe sobre lucha contra el tráfico de drogas y acusó a Washington de insistir en "minar" las relaciones bilaterales y de ser el mayor responsable de este flagelo.
"Venezuela deplora que el Gobierno de los Estados Unidos insista en minar el terreno de las relaciones bilaterales con la publicación de este tipo de documentos, alejándose del marco de respeto a la soberanía y dignidad del pueblo venezolano", indicó la
Cancillería venezolana en un comunicado.
En un memorando publicado el jueves, el presidente de EEUU, Barack Obama, afirma que
Bolivia y Venezuela, junto con Birmania, son países que "han fracasado manifiestamente durante los últimos 12 meses en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos antinarcóticos internacionales".
La Cancillería venezolana
"rechaza de la manera más contundente las acusaciones del Gobierno" de EEUU y señala que ese documento está "plagado de afirmaciones falsas, preconceptos políticos y amenazas veladas", que ratifican la "línea permanente de agresión a los Gobiernos independientes y soberanos".
"El Gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad moral para juzgar las políticas de otros países en materia de lucha contra el narcotráfico, pues mantiene una actitud favorable al consumo de estupefacientes en su territorio, convirtiéndolo en el mayor mercado de drogas del planeta", afirma el Gobierno venezolano.
A su vez,
la Cancillería acusa a Washington de permitir el "tránsito fluido" de esas sustancias ilícitas por sus fronteras y "el lavado de capitales procedentes del narcotráfico a través de su sistema financiero".
"El Gobierno de los Estados Unidos se convierte en el principal responsable de esta plaga que azota al mundo entero", agrega.
La Cancillería destaca que Venezuela comenzó a tener resultados en la lucha contra el narcotráfico tras poner punto final en 2005 a sus relaciones con la
Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA). Además subrayó que está libre de cultivos ilícitos desde 2006 según reconoce la ONU y que ha perseguido y deportado a jefes de organizaciones criminales, entre ellos, 19 que envió a Estados Unidos en los últimos seis años.