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Política | 10-01-2016 06:00:00 a.m.
Choque de poderes puede afectar la estabilidad del país
Diputados del Polo Patriótico afirman que AN incurrió en desacato
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Diputados del Polo Patriótico afirman que AN incurrió en desacato (Créditos: ÚN)

ÚN | Ingrid Navarro Leonet|Tatiana Villegas.- Un conflicto de poderes que pareciera comprometer la gobernabilidad del país se ha evidenciado luego de la juramentación de tres diputados por el estado Amazonas impugnados por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por parte de la Asamblea Nacional. Algunos parlamentarios como Pedro Carreño han dicho que “la (MUD) viene a dar un golpe de Estado”, mientras que el presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Allup, sostiene que “no puede considerarse en desacato a quienes en ejercicio de sus funciones parlamentarias califican a sus propios miembros”.

En este escenario, la primera quincena de este mes el presidente de la República, Nicolás Maduro, deberá acudir al Poder Legislativo a presentar su Memoria y Cuenta, pero antes de esto anunció que el próximo martes entregará el decreto de emergencia económica en este mismo escenario.

El constitucionalista Leonel Alfonso Ferrer asegura que constitucionalmente el presidente Nicolás Maduro está obligado a asistir, además recuerda que la Carta Magna tipifica que tiene que hacerlo personalmente.

Ante esta situación, los juristas discrepan con respecto a la legitimidad o no de los diputados juramentados, mientras otros cuestionan incluso la legalidad del propio TSJ.

El 30 de diciembre pasado, el TSJ admitió los recursos interpuestos por los diputados del partido de gobierno para impugnar los resultados de los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre, entre ellos los del estado Amazonas. El ente judicial declaró procedente la solicitud de amparo cautelar, razón por la cual ordenó de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Solicitan nulidad de actos. La juramentación de los tres diputados opositores impugnados por el TSJ, generó que la fracción de gobierno acudiera nuevamente a la instancia judicial el pasado jueves y presentara tres documentos donde solicitan un llamado a la ponderación a la junta directiva de la AN y declarar la nulidad de cualquier decisión tomada, “mientras estén presentes en las sesiones los diputados impugnados”.

Por otra parte, rechazaron que la AN se subrogó de manera fraudulenta, usurpando facultades del Poder Ciudadano al momento de designar una comisión delegada para la revisión de la designación de magistrados.

“Si el Poder Legislativo está en desacato, se coloca al margen de la Constitución, aplica el principio de reciprocidad y el resto de los poderes tendrá que inhabilitar a la AN. No podrán sesionar y todo lo que se legisle está viciado de nulidad porque ahí están diputados que no lo son y están actuando como tal”, dijo Carreño.

Posiciones encontradas. “El incumplimiento por la AN del mandato del TSJ pone de manifiesto un conflicto de poderes que podría agudizarse y crear un escenario de inestabilidad crítica para el Estado de Derecho”, refiere el abogado constitucionalista Jesús Silva, al considerar un peligro para la institucionalidad del país la actuación de la bancada opositora, al mando de la AN, frente a cualquier acto que competa al Legislativo.

A propósito de la presentación de la Memoria y Cuenta, advierte sobre la posibilidad de que los diputados opositores procedan a improbar tanto esta rendición como otros actos necesarios para el funcionamiento del Estado, propiciando votos de censura a ministros y su posterior destitución.

“Esperamos que surja la reflexión de los actores políticos que encabezan los diversos poderes para llegar al entendimiento”, indica el jurista, mientras advierte sobre las consecuencias de un Parlamento “que no acata las decisiones judiciales y que pretende promover una serie de leyes y actos legislativos de dudosa procedencia a la luz de la Constitución y las leyes vigentes”.

“Esto activaría el principio de omisión legislativa que justificaría la actuación de la Sala Constitucional del TSJ y con base en los artículos 234 y 235 de la Carta Magna subsane, luego del examen y posible aprobación de este requisito constitucional (Memoria y Cuenta), el funcionamiento administrativo del Estado”. Advierte que si la AN se niega sistemáticamente a tomar decisiones indispensables para el país, niegue presupuestos u otros actos, significaría un sabotaje, ante lo cual el Poder Judicial debe intervenir y subsanar esos vacíos.

“En medio de un escenario de guerra constitucional, con el choque de poderes se pierde posibilidad de cohabitación y convivencia de partidos políticos, y una vez que se agudiza este conflicto pudiéramos presenciar eventos como consultas electorales sobrevenidas donde la oposición pudiera alegar que sus decisiones no son reconocidas y se requiere acelerar el cambio de gobierno”, dijo.

Por su parte, Leonel Alfonso Ferrer, abogado especialista en Derecho Constitucional y profesor de la UCV, destaca que “solo hay 4 diputados afectados de los 167. La AN tiene absoluta legitimidad y un amplio margen para actuar dentro de la legalidad y puede ejercer todas sus funciones”.

Sin embargo, aclara que “obviamente sería deseable otra salida en lugar de la juramentación de los 3 diputados, pero el TSJ sesionó solo para recibir la demanda y los magistrados fueron designados de manera irregular. La salida sería el respeto mutuo entre los dos órganos del sector público”.

Por otra parte, estima que la medida cautelar contra los diputados impugnados no tiene sentido porque el acto de proclamación fue hecho por el CNE y no puede retrotraerse el amparo cautelar de suspensión.

Para el abogado Luis Britto García, el propósito de propiciar un conflicto de poderes, impulsado por la oposición, es deponer al Presidente de la República en pocos meses.

“Un escenario como el actual dificulta la gobernabilidad, pues el Ejecutivo vetará aquellas leyes de la Asamblea Nacional que anulen derechos sociales o intenten privatizar empresas estratégicas; mientras la Asamblea interpelará y dará voto de censura a ministros y vicepresidentes para deponerlos. Además, negará créditos adicionales y autorizaciones para crédito público, y no aprobará el Proyecto de Presupuesto para 2017”, y agrega que desde 1998, a partir del triunfo de la revolución bolivariana, este sector está tratando de hacer al país ingobernable.

Britto asegura que la oposición está acompañando estos esfuerzos de lo que califica como “gestos de intolerancia inquisitorial” utilizando las imágenes de Chávez de la Asamblea y el irrespeto de los símbolos patrios.

No duda de que una vez que se consolide la presentación de la Memoria y Cuenta se produzca una guerra de interpelaciones con el objeto de deponer ministros, aunque podrían intentar otras acciones. “Ellos pueden -incluso- deponer al Vicepresidente, pero si lo hacen, la tercera vez, el Presidente de la República puede disolver el Parlamento, y no creo que se arriesguen a esa medida” argumenta Britto mientras explica que desde su perspectiva no conviene a la oposición someterse a un nuevo proceso electoral cuyos resultados están por verse, ya que sus promesas de resolver la situación del país en forma milagrosa no han sido honradas.

Los invitamos a ahondar más sobre este tema haciendo click al siguiente  link:
 

inavarro@grupo-un.com/ Tvillegas@grupo-un.com



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