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Política | 20-03-2016 06:00:00 a.m.
Amnistía: Especuladores y usureros son premiados con el perdón
Se exculpa a imputados por delitos contra la Ley de Precios Justos
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Asamblea Nacional (Créditos: EFE)

ÚN | Edgard Ramírez-Ramírez | Narkis Blanco.- La señora María Celina asegura que no sabe nada del decreto de Amnistía y Reconciliación Nacional que la mayoría parlamentaria en Venezuela busca aprobar para liberar de cargos, y en algunos casos de prisión, a un alto grupo de ciudadanos.

Bajo el sol abrasador del mediodía, hace la cola en un supermercado del centro de la capital de la República y pone en duda que este proyecto de ley pretenda “soltar” a los responsables de los delitos de expendio de alimentos o bienes vencidos, especulación, acaparamiento, boicot, desestabilización de la economía, reventa de productos de primera necesidad, condicionamiento en la venta de bienes o servicios regulados, contrabando de extracción y usura.

Pasa las hojas de la propuesta y comienza a leer el artículo número 19. Antes, se empotró unos pequeños lentes de lectura.

Según su óptica, los dueños de los supermercados “no son políticos”, por lo que no deberían estar incluidos en esta medida que abarca los delitos cometidos desde 2009 hasta su entrada en vigencia (aún las acciones realizadas hoy podrían ser amparadas).

! Esto es fin de mundo!, exclama mientras mueve la cabeza de un lado a otro como negando lo leído.

La señora Celina acaba de descubrir que de aprobarse la normativa legal propuesta, se perdonarán todos los delitos antes expuestos y que están penados con multas de hasta 50.000 unidades tributarias, prisión (hasta de 14 años) y suspensión en el Registro Único para Personas que Desarrollan Actividades Comerciales.

Los amnistiables son, en términos generales, los dueños y directivos de supermercados, ferreterías y venta de materiales de construcción, tiendas por departamentos y hasta farmacias.


¿Quiénes son los beneficiados? Mientras avanza la cola, la señora Celina repasa en voz alta las noticias sobre la “ofensiva económica” que recuerda haber visto en la televisión: Los supermercados Día Día, los Farmatodo, un acaparamiento grandísimo de medicinas y otro de cauchos, ambos en Aragua.

La sexagenaria se refiere al director general de la red de supermercados Día Día, Manuel Andrés Morales Ordosgoitti y al apoderado, Tadeo Arriechi, imputados por boicot y desestabilización de la economía. También al presidente ejecutivo y vicepresidente de Operaciones de la cadena Farmatodo, quienes fueron detenidos el 31 de enero de 2015 por irregularidades en el expendio de productos de primera necesidad en un establecimiento de Los Ilustres, en Caracas.

La incautación de material médico-quirúrgico y productos farmacéuticos que menciona son Suministros Médicos Jayor y Suplidora Hospimed 2004, donde se encontraron miles de sillas de ruedas, millones de jeringas, guantes estériles, descartables y bolsas con soluciones para diálisis. Los imputados (evadidos de las autoridades y actualmente en el exterior) son Jacobo Serfaty y Cristóbal Blanco Uribe.

Por último, los 14.000 neumáticos que recuerda son de Cauchos Portugal (filial de Autogomas, Lubricantes y Sus Ruedas Castillito). A los dueños de los galpones y de la mercancía detectada se les impuso el delito de acaparamiento y cartelización.

Recordó que durante varios meses casi todos los días salían en las noticias detecciones y ventas supervisadas de los artículos decomisados. “No puede ser que todos esos muérganos vayan a ser premiados”, lamentó.


Enemigos del pueblo. A punto de llegar a la caja registradora y adquirir los productos básicos, María Celina reflexiona sobre la posibilidad de que queden libres los responsables de tantas irregularidades en la distribución y comercialización de bienes.

“No entiendo cómo liberar a esa gente ayude en la reconciliación política del país. Ellos robaban a chavistas y escuálidos por igual. Solo con eso ya se sabe que no son perseguidos políticos”, comentó.

La señora Celina no sabe que la lista de posibles beneficiados alcanza a muchos, muchísimos más imputados.

Por ahora, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional adelanta la consulta pública sobre esta polémica ley.

En la segunda discusión del proyecto se incluirán los aportes y se debatirá el texto completo (ya se aprobaron títulos y capítulos).

Héctor Rodríguez, jefe de la bancada bolivariana en el hemiciclo, insiste en que esta es una ley de “amnesia criminal” que pretende premiar a los victimarios.

Antes de partir, la señora Celina recita el último verso del poema Los enemigos, de Pablo Neruda: “No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos, los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo”.

“La inclusión de los delitos socioeconómicos en ese adefesio legislativo no es casualidad. Ellos (los posibles beneficiados) pagaron para quedar cubiertos”.

Para William Contreras, superintendente de Precios Justos, la oposición pretende sostener la guerra económica y la desestabilización. Asegura que es una invitación a delinquir porque rompe con el pacto social de derecho y de justicia.

“Es una ley de autoperdón que separa los derechos humanos y el ejercicio económico. La Constitución consagra el derecho a ejercer libremente las actividades económicas; sin embargo, siempre deben estar subordinadas al sujeto político de atención que es, indiscutiblemente, el ser humano”, reflexionó.

Cabe destacar que el Capítulo VII de la Constitución de la República se refiere a los derechos económicos, entre ellos la libertad de industria y comercio sin más limitaciones que las previstas en las leyes.

Mientras, el ilícito económico, los monopolios, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley (artículo 114).

Sobre la Ley Orgánica de Precios Justos, comentó que asegura

el desarrollo armónico y soberano de la economía nacional para proteger el ingreso de los trabajadores, el acceso a los bienes y servicios para la consolidación del orden económico productivo.

Contreras criticó que la propuesta de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, una de las principales ofertas electorales de la Mesa de la Unidad Democrática, pueda favorecer además a decenas de imputados por los más diversos delitos (que van desde tráfico de drogas de menor cuantía, artículos 149 y 151 de La Ley Orgánica de Drogas, hasta el uso de menores en la comisión de delitos, artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

Más allá de la Ley de Precios Justos. Es necesario resaltar que el acaparamiento y la especulación son los únicos dos delitos previstos en la Constitución como flagelos a combatir por la ley y la Administración (además de la corrupción y de los crímenes de derechos humanos).

De aprobarse este proyecto, las penas (los castigos que imponen los jueces al haberse comprobado en juicio la comisión de un delito) no tendrían que ser cumplidas y a las personas que tienen procesos en curso (que son la mayoría) se les suspenderían; así como todas las medidas preventivas impuestas (privación de libertad, régimen de fianzas o presentación, etc.).

Cabe destacar que muchos países consagran en su constitución la protección de las necesidades básicas de la población y la mayoría tiene legislación al respecto.

Impunidad comprada 

A pesar de desconocer el contenido exacto de la propuesta de ley, Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, comentó que los empresarios, más que una amnistía, “exigimos el derecho a la defensa y, sobre todo, al debido proceso”.

Consideró que en el caso de los imputados por delitos contra la Ley Orgánica de Precios Justos ha habido una aplicación discrecional y abusiva de la norma. “Los funcionarios han abierto expedientes a algunos sujetos de aplicación por retaliación política. Cuando se utiliza la ley como herramienta de chantaje o control ideológico, allí nacen nuestras diferencias con el Gobierno”, dice.

El líder de la cámara patronal está de acuerdo con la aprobación de la propuesta de la mayoría parlamentaria para beneficiar a los políticos de oposición que están siendo sometidos a un proceso judicial “por pensar diferente o manifestar su descontento con el Gobierno nacional”. 

Cabe destacar que, en anteriores oportunidades, Martínez ha catalogado a la Ley de Precios Justos como “perversa”. 

Tras la juramentación de la nueva Asamblea Nacional con mayoría antichavista, Martínez invitó a los parlamentarios a revisar el marco legal criollo referido a la economía y las finanzas.

Además del artículo 19, referido a la Ley de Precios Justos, también está el 31, que incluye a quienes han incurrido en delitos vinculados a la construcción, y “no se puede confundir la intención de una Ley de Amnistía y Reconciliación con darles carta blanca a personas que no merecen ese beneficio”.

Así lo considera Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), quien subrayó que puede haber algunos que políticamente fueron señalados por delitos contra la Ley de Precios Justos, pero no todos.

“Nosotros representamos a muchísimas personas que tienen denuncias graves. Ellos no se alegrarán de ver que la persona que se llevó su dinero ahora lo ponen como un perseguido político”, analizó.

Comercial Los Arcos, en El Hatillo, que se quedaron con la inversión de 800 personas. “Hay una acción penal y no me gustaría que ese tipo de empresas sean arropadas por una ley que busca un beneficio político. Eso hay que verlo con lupa para que no se vayan a pasar coleados más de uno”.





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