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MUNDO | 10/07/2012 01:28:00 p.m.
OEA cierra su tercera sesión extraordinaria sin decisiones sobre Paraguay
La mayoría de los países del Consejo Permanente pidió tiempo para analizar el informe del secretario general, José Miguel Insulza, tras su visita al país

OEA cierra su tercera sesión extraordinaria sin decisiones sobre Paraguay
El Consejo Permanente sesionó este martes (Creditos: EFE)
ÚN | EFE.- El Consejo Permanente de la OEA concluyó este martes su tercera sesión extraordinaria dedicada a analizar la situación política en Paraguay sin decisiones, puesto que la mayoría de los países pidió tiempo para analizar el informe del secretario general, José Miguel Insulza, tras su visita al país.

El representante de Bolivia, Diego Pary, dio por cerrada la sesión sin haber llegado a ningún consenso sobre cómo actuar ante la situación en Paraguay "considerando la necesidad que tienen las delegaciones de que el informe (de Insulza) sea analizado por sus respectivas cancillerías en las capitales".

Según Pary, el informe de Insulza, quien hoy expresó su oposición a suspender a Paraguay de la OEA y apostó por enviar otra misión al país, así como otros documentos serán analizados y discutidos en próximas sesiones del Consejo Permanente "que se convoquen para tal efecto a la mayor brevedad posible".

Los Gobiernos de Argentina, Perú y El Salvador abogaron por convocar una Asamblea General extraordinaria de cancilleres del organismo, una propuesta que también apoya Insulza "en tanto se tenga presente que el punto de unión de todos los países miembros es el fortalecimiento de la democracia en Paraguay", según sostuvo.

Una decena de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, pidieron en sus intervenciones dar tiempo para que sus cancilleres estudien el informe de Insulza antes de tomar acciones.

La representante estadounidense, Carmen Lomellin, consideró "prematuro" elevar el asunto a la Asamblea General, por lo que pidió convocar de nuevo al Consejo Permanente "lo antes posible", postura que repitió el representante de Canadá, Allan Culham.

El nicaragüense Denis Moncada, que en la pasada sesión pidió la suspensión de Paraguay de la OEA, reiteró hoy que el juicio político que culminó en la destitución del presidente Fernando Lugo "no tiene valor jurídico alguno", pero coincidió en dar a los cancilleres "el tiempo necesario para analizar el informe".

Países críticos con lo ocurrido en Paraguay como Brasil y Venezuela, que consideran que hubo "una ruptura del orden democrático" con la destitución de Lugo y la formación de un nuevo Gobierno presidido por Federico Franco, reiteraron hoy sus posiciones, pero no pidieron una reunión de cancilleres.

"Solicitamos tiempo para evaluar" el informe de Insulza, afirmó el representante interino de Brasil, Bruno Dias da Costo, quien anotó que la OEA "está a prueba" al subrayar que la "ruptura del orden" en Paraguay no debe ser concebida "como algo trivial".

Dias da Costo indicó que las propuestas presentadas hoy por Insulza "no necesariamente se corresponden con el pensamiento" de varios países de la OEA.

Por su parte, el representante de Venezuela, Roy Chaderton, denunció la "tibieza" del continente "al tratar el problema de Paraguay" y recordó que el "golpe de Estado" contra Lugo "fue causante inmediato de decisiones severas en Mercosur y Unasur", que suspendieron al país.

Mientras, el representante de Paraguay, Bernardino Hugo Saguier, propuso celebrar una nueva sesión del Consejo Permanente el próximo viernes.

Se prevé una nueva reunión del Consejo Permanente para finales de esta semana o comienzos de la próxima, según dijo Insulza a periodistas al término de la sesión de hoy.

El abanico de medidas que puede tomar la OEA va desde un estudio del proceso en el juicio político que acabó con la presidencia de Lugo y una progresiva apertura al reconocimiento del nuevo Ejecutivo de Federico Franco hasta la posible expulsión de Paraguay del organismo, tal y como ocurrió con Honduras tras el golpe de Estado de 2009.

Esa última opción, defendida por los representantes de Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela en la sesión del pasado 26 de junio, requiere que se convoque una Asamblea General extraordinaria para que los cancilleres del continente examinen la crisis. 




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