TSJ alertó que “Neco” pudiera quedar libre

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó notificar a Colombia que cuenta con 90 días para presentar la solicitud formal de extradición relacionada con Wilfredo de Jesús Torres Gómez (41), alias Neco, quien es el jefe supremo de Los Rastrojos, grupo paramilitar que opera en la frontera con Venezuela.

La Sala advirtió que “en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso por la República de Colombia, se ordenará la libertad del mencionado ciudadano”.

La decisión de la Sala Penal está expresada en la sentencia número 081 del pasado 10 de mayo, redactada por la magistrada Francia Coello.

El fallo explica que alias Neco presentaba una notificación azul de Interpol, lo cual obliga a Venezuela a ofrecer información a Colombia respecto al sujeto solicitado.

Neco, de ocupación enfermero, fue capturado el sábado 23 de marzo pasado en Valencia (Car), por agentes del Cicpc, informó en su momento el ministro de Información Jorge Rodríguez quien lo tildó como “uno de los jefes de sicarios ingresados x la ultraderecha desde Colombia”.

La justicia colombiana le abrió expediente porque el sujeto “pertenece a la organización criminal denominada Los Rastrojos; delinquen en el departamento del Norte de Santander, dedicados a realizar homicidios, narcotráfico, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego… es el máximo cabecilla de la estructura”.

Por su parte el presidente Nicolás Maduro aseguró que Neco fue traido a Venezuela por un partido opositor para cometer actos terroristas. “Está aportando testimonios y pruebas de quién lo contrató, y para qué lo trajeron a Venezuela”, dijo Maduro.

Tras ser capturado en Valencia (Car), Neco fue presentado ante el Tribunal 31° de Control de Caracas donde decretaron privativa de libertad y remitieron el expediente a la Sala Penal.

Al analizar el expediente, los magistrados de constataron que Colombia no ha formulado el pedido en extradición del mencionado sujeto.

Presidente del TSJ: la única forma de preservar la paz y la estabilidad de las instituciones democráticas es cumpliendo fielmente la Carta Magna

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, afirmó este miércoles que los Magistrados y Magistradas que junto a él conforman el Máximo Juzgado del país están convencidos “de que la única forma de preservar la paz y la estabilidad de las instituciones democráticas de nuestra República es cumpliendo fielmente con los postulados de nuestra Carta Magna”. Así lo manifestó al instalar el Congreso Justicia y Constitución, que se realiza en el Auditorio Principal del TSJ.

En su intervención el Magistrado-Presidente, luego de recordar que la Carta Magna venezolana nació de un proceso democrático y participativo que tuvo como resultado la justicia universal y los principios humanistas, contenidos en su parte dogmática, resaltó que “muchos han sido los ataques a nuestra Constitución, y aquellos que pretenden alterar por la vía de la violencia la vida de la República, no solo atentan  contra los ciudadanos y ciudadanas sino que atentan contra la esencia misma del Estado”.

Ratificó que “la Constitución establece los mecanismos y las formas para actuar en el marco de la ley, pero quienes nos quieren llevar a la violencia no solo la desconocen, también la aborrecen cuando no cumple sus expectativas personales”. En este sentido, exaltó que “hoy la historia nos obliga a ser firmes, ante los pocos que pretenden mancillar los ideales del pueblo venezolano, quien en el ejercicio legítimo y democrático aprobó el Texto Fundamental; por ello debemos fortalecer el conocimiento y agradecemos la iniciativa de la Escuela Nacional de la Magistratura en desarrollar este Congreso”.

“Reiteramos que como Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia estamos comprometidos, en el marco de nuestras competencias, a garantizar el bien común,  aplicando los valores supremos consagrados en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad,  la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, señaló el Magistrado-Presidente.

En relación con el Congreso Justicia y Constitución, organizado por el TSJ y la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), el magistrado Maikel Moreno refirió que busca ampliar los conocimientos en los aspectos más trascendentales del Texto Fundamental de la República y de la justicia como fin del Estado de Derecho, y lo calificó como “una excelente oportunidad para aprender sobre las nuevas doctrinas que construyen el concepto moderno de la justicia constitucional”.

“La Constitución es más que la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico, sus postulados desarrollan los principios fundamentales para la organización del Estado y el establecimiento de los derechos y deberes, civiles y políticos como método para consolidar un estado social de derecho y de justicia, esta última conceptualizada como la posibilidad de construir el bien y la capacidad de reconocerlo”, expuso.

En el acto de instalación del evento participaron el magistrado Juan José Mendoza Jover, segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala Constitucional; la magistrada María Carolina Ameliach Villaorroel, presidenta de la Sala Político Administrativa; el magistrado Yván Darío Bastardo Flores, presidente de la Sala de Casación Civil; la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social; el magistrado Guillermo Blanco Vázquez, integrante de la Sala de Casación Civil y director general de la ENM; demás Magistrados y Magistradas del Alto Juzgado; así como el magistrado Marco Antonio Medina Salas, vicepresidente de la Sala Político Administrativa e inspector general de Tribunales; el director ejecutivo de la Magistratura, doctor Jesse Arias; la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Gladys Requena; representantes diplomáticos de la Federación de Rusia y la República de Turquía, así como servidores y servidoras judiciales.

Como ponentes del  primer día del Congreso, que concluye el viernes 17 de mayo, intervinieron la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, integrante de la Sala Constitucional, con el tema “Nuevas concepciones en la justicia constitucional”;  el magistrado Marco Antonio Medina Salas, vicepresidente de la Sala Político Administrativa, quien expuso “los Principios constitucionales y pronóstico de condena como criterio de la evaluación en la audiencia preliminar dentro del proceso penal venezolano”; el magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, integrante de la Sala de Casación Penal, abordó el tema “Constitución, tutela judicial efectiva y debido proceso en el proceso penal venezolano”; mientras que el doctor Félix Roque Rivero expuso sobre “la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el nuevo constitucionalismo de los pueblos”.

En la Plaza Central del Tribunal Supremo de Justicia y en el marco del Congreso Justicia y Constitución, se realiza la Sexta Feria del Libro Jurídico, entre el 15 y el 17 de este mes, para ofrecer al lector textos en el ámbito jurídico y de otras áreas de interés para los visitantes a la misma.

TSJ decidió comprometer la responsabilidad de cuatro diputados en la comisión flagrante de delitos

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la solicitud realizada por el Fiscal General de la República, decidió que los hechos objeto de la petición comprometen la responsabilidad de los ciudadanos: Carlos Alberto Paparoni Ramírez, Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, Franco Manuel Casella Lovaton y Winston Eduardo Flores Gómez, en la comisión flagrante de los delitos de “Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, previstos y sancionados en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213, 285, todos del Código Penal, respectivamente y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.

Ordena la sentencia de la Sala Plena remitir copia certificada de las actuaciones al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para que dicho órgano determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Sala Constitucional del Alto Juzgado, para su conocimiento y demás fines.

Señala la decisión, con ponencia de la magistrada Bárbara César Siero, integrante de la Sala Político Administrativa, que en el presente procedimiento, por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes, atendiendo lo dispuesto en la decisión N° 1684, del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Alto Tribunal, no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.

Igualmente, se ordena remitir copia certificada del fallo al ciudadano fiscal general de la República, Dr. Tarek William Saab, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente, observando para ello las debidas garantías procesales y derechos constitucionales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.

TSJ rechazó las amenazas de Pence

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, expresó, a través de un comunicado, que los magistrados que integran el Poder Judicial, rechazan de forma categórica y contundente la amenaza formulada por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
El titular del máximo tribunal de la nación dijo que Pence “de manera irrespetuosa e injerencista pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenazas que son violatorias de los principios de independencia, autodeterminación y soberanía”.
Desde la Sala Plena del TSJ, Moreno señaló que el funcionario norteamericano de una manera infame y extorsiva, abiertamente contraria a la Constitución, a la Ley, y al respeto por el Estado de Derecho al que alude, propone a los legítimos y altos administradores de justicia de Venezuela ponerse al margen de la Constitución como norma suprema, con el fin de colocar a la nación al servicio de los intereses imperiales del Gobierno guerrerista de la Casa Blanca. Destacó que esta actuación antijurídica, despreciable e intolerable del vicepresidente de EEUU viola las normas y principios del derecho internacional.
“En este caso, se ha formulado una nueva amenaza unilateral al Poder Judicial Venezolano, específicamente a este Tribunal Supremo de Justicia, el cual está integrado por 32 magistrados y magistradas (…) denunciamos ante el país y la comunidad internacional que los Estados Unidos de América intentan con este ultimátum que el Poder Judicial Venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado”, reza el texto. l

TSJ solicita enjuiciar a otros tres diputados por su participación en el Golpe de Estado

 La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , por solicitud de la Fiscalía General de la República, decidió comprometer en responsabilidad a los diputados a la Asamblea Nacional – instancia en desacato desde 2016 – Freddy Superlano, Sergio Vergara González y Juan Andrés Mejía, por su participación el golpe de Estado fallido, registrado el pasado martes 30 de abril.

Los tres diputados enfrentarán los delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones; instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”, refiere una nota publicada en el portal web del Poder Judicial.

En este sentido, la Sala Plena detalló que en este caso no es necesario un antejuicio de mérito – tal y como lo establece la Constitución – debido a que los parlamentarios participaron de manera activa en el golpe de Estado fallido, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 233 detenidos en todo el país.

Al respecto, ordenó enviar la sentencia de la Sala Plena al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, para que el órgano realice las acciones correspondientes para continuar el juicio contra los diputados.

Este martes 7 de mayo, el TSJ también solicitó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Edgar Zambrano, Luis Florido, Henry Ramos Allup, Richard Blanco, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla y Américo De Grazia; también por su participación en el golpe de Estado promovido desde el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) con apoyo de la extremaderecha venezolana.

A principios de abril, la Asamblea Nacional Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, por violar las medidas impuestas por el Tribunal sobre la prohibición de salida del país.

TSJ rechaza extorsión de Mike Pence contra el Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, expresó a través de un comunicado que los Magistrados y Magistradas que integran el Poder Judicial, rechazan de forma categórica y contundente la amenaza formulada por el señor Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, “quien de manera irrespetuosa e injerencista pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenazas que son violatorias de los principios de independencia, autodeterminación y soberanía”, reseñó la nota de prensa del máximo tribunal del país.

Desde la Sala Plena del TSJ, el Magistrado Moreno, señaló que en esta ocasión, el citado funcionario norteamericano, de una manera infame y extorsiva, abiertamente contraria a la Constitución, a la Ley, y al respeto por el Estado de Derecho al que alude, propone a los legítimos y altos administradores de justicia de la República Bolivariana de Venezuela ponerse al margen de la Constitución como norma suprema, con el fin de colocar a la nación al servicio de los intereses imperiales del Gobierno guerrerista de la Casa Blanca.

Igualmente, indicó que esta actuación antijurídica, despreciable e intolerable viola las normas y principios del derecho internacional que rige las relaciones entre naciones civilizadas. “En este caso, se ha formulado una nueva amenaza unilateral al Poder Judicial venezolano, específicamente a este Tribunal Supremo de Justicia, el cual está integrado por 32 Magistrados y Magistradas. En este sentido, denunciamos ante el país y la comunidad internacional que los Estados Unidos de América intentan con este ultimátum que el Poder Judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado”.

Destacó que el Tribunal Supremo de Justicia y los Magistrados y Magistradas que lo integran ratifican al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo su apego a la Constitución, a la Ley y al servicio de la correcta administración de justicia para cumplir y hacerla cumplir como norma suprema del Estado. “Este Tribunal Supremo de Justicia reitera su repulsa ante las constantes arremetidas del imperio estadounidense contra las instituciones democráticas venezolanas, y les insta a abandonar inmediatamente su política criminal contra el pueblo venezolano”, manifestó el magistrado Maikel Moreno.

Recordó el Presidente del TSJ que no en vano, la Organización de las Naciones Unidas ha declarado expresamente que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y a los otros pueblos hermanos son un acto violatorio de los derechos humanos. “Una vez más, ratificamos nuestro compromiso con la patria y con el pueblo venezolano. En consecuencia, seguiremos aplicando en el ejercicio de las atribuciones constitucionales, las medidas, pronunciamientos y decisiones que haya a lugar para la protección del orden constitucional a quienes atenten contra la independencia, la seguridad de los ciudadanos, la estabilidad, la paz y la integridad de la nación”.

Finalmente, dijo que el Tribunal Supremo de Justicia no es chantajeable, “ni nos subordinaremos jamás ante un gobierno extranjero que pretenda vulnerar la soberanía de nuestra patria”.

Arreaza reiteró que EEUU planifica y ejecuta un golpe de Estado en Venezuela

El canciller de la República, Jorge Arreaza, reiteró que las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos confirman que Washington planifica y ejecuta el golpe de Estado en Venezuela, reseña publicada en AVN noticias.

“Las recientes declaraciones y acciones de los miembros del gobierno de EEUU comprueban lo que hemos venido afirmando desde el 26 de enero en el Consejo de Seguridad: Washington no está detrás del golpe, esta delante, lo está liderando, lo planifica y ejecuta a cada paso”, escribió el canciller a través de Twitter.

Las declaraciones del ministro se efectúan luego que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, amenazará con sancionar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) si no se oponen al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Recordemos que el 30 de Abril un reducido grupo de militares aupados por la ultraderecha intentaron promover un golpe de Estado, el cual resultó fallido. La maniobra fue dirigida por el diputado en desacato, Juan Guaidó y el prófugo Leopoldo López, en la autopista Francisco Fajardo, en el este de Caracas, con apoyo del gobierno de Estados Unidos.

ANC autorizó juicio a 7 diputados de la AN

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) autorizó ayer, a través de un decreto constituyente, la continuación del juicio “contra estos ciudadanos y ciudadanas que de manera flagrante participaron en un golpe de Estado el pasado día 30 de abril”.

“Esto es por ahora, porque en caso de seguir apareciendo diputados, gobernadores, aquellos que tienen la inmunidad, de acuerdo al cargo que están ostentando, vendrán a esta Asamblea Nacional, lo debatiremos en democracia y con amplitud, y veremos si se les continúa el juicio”, agregó el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, al dar lectura a los oficios enviados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en los que les informaba de la decisión de la Sala Plena que “compromete la responsabilidad” de Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Americo De Grazia y Richard José Blanco Delgado; y de Andrés Delgado Velázquez (no diputado), en los hechos del 30-A. Cabello adelantó que “hay tres diputados más que participaron y en cualquier momento estaremos recibiendo las solicitudes del TSJ”.

El debate lo inició el constituyente Darío Vivas, quien recordó que en pocos días se celebrará un año de la elección soberana del pueblo que decidió que en la presidencia estuviera Nicolás Maduro. Afirmó que el 30-A “el pueblo se movilizó activamente a la calle a defender la democracia, la paz y la tranquilidad, el estado de derecho, a defenderla de los que están acostumbrados a imponer gobiernos, a ignorar el Derecho Internacional, a los que están acostumbrados a asesinar pueblos: el imperialismo nortamericano, que por la vía de la violencia pretendieron aquí una guerra civil de soldados contra soldados y hermanso contra hermanos”.

Vivas indicó que “el planteamiento que nos hace el TSJ del allanamiento de la inmunidad parlamentaria, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución, se ajusta a lo que el pueblo venezolano ha estado planteando… y no habrá antejuicio de mérito ante un hecho que fue público, notorio y comunicacional, fueron vistos en flagrancia tratando de romper el hilo constitucional”.

Agregó que “montaron un show en Altamira, y lo que estaban tratando era de generar una masacre”. “A nosotros lo que nos queda es levantar la mano y quitarles la inmunidad parlamentaria a estos traidores a la patria”, manifestó Vivas.

Por su parte, el constituyente Rafael Argotti aseguró que “desde el 6 de diciembre del año 98 el pueblo decidió cambiar el rumbo de la República, y en esos años hemos venido sufriendo ataques internos y externos. El imperialismo ha venido tratando de violentar la Constitución venezolana”.

En ese sentido, la constituyente María León refirió que “el imperialismo norteamericano y sus lacayos acá” fueron los que promovieron el golpe de Estado del pasado 30-A.

“Los venimos derrotando desde hace cuatro años, porque desde que llegó nuestro presidente obrero, vinieron con sus maniobras para opacar el 1° de Mayo y les dimos aquella derrota extraordinaria. El pueblo en la calle, y los volvimos a aplastar el 30-A. Ríndete imperio estás derrotado, estás rodeado”, dijo. “Quitarles la inmunidad es como suave. Yo insisto en mi propuesta: tribunal popular para ello. No deberían llamarse venezolano”, manifestó

TSJ acusa al diputado Edgar Zambrano de Traición a la Patria

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que los hechos objeto de la presente solicitud comprometen la responsabilidad del diputado Edgar José Zambrano Ramírez, en la comisión flagrante de los delitos de “Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, previstos y sancionados en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213, 285, todos del Código Penal, respectivamente y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo“.

Ordena la sentencia de la Sala Plena remitir – en virtud del desacato de la Asamblea Nacional – copia certificada de las actuaciones al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para que dicho órgano determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Sala Constitucional del Alto Juzgado, para su conocimiento y demás fines.

Señala la decisión, con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, integrante de la Sala de Casación Penal, que en el presente procedimiento, por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes, atendiendo lo dispuesto en la decisión N° 1684, del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Alto Tribunal, no procede el antejuicio de mérito del mencionado ciudadano, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.

Igualmente, se ordena remitir copia certificada del fallo al ciudadano fiscal general de la República, Dr. Tareck William Saab, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente, observando para ello las debidas garantías procesales y derechos constitucionales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.

TSJ resolvió recurso sobre el magnicidio

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible una solicitud de avocamiento interpuesta por el general de División de la Guardia Nacional Bolivariana, Alejandro Pérez Gámez, procesado por el magnicidio frustrado cometido contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, según se lee en la sentencia N° 063.

Eliécer Peña Granda y Yalira Granda, abogados del mencionado General, solicitaron el pasado 21 de febrero la suspensión inmediata de la causa penal seguida contra el alto oficial abierta en el Juzgado Especial 1° de Control con Competencia en Casos Asociados al Terrorismo a cargo de la jueza Carol Padilla. Y en consecuencia, ordene las respectivas correcciones a las presuntas irregularidades denunciadas.

Esbozaron entre otros argumentos una declaración del pasado 7 de febrero emitida por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien informó la detención del teniente coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, miembro de la Guardia de Honor Presidencial, señalado de ser la persona que suministraba información confidencial al diputado Julio Borges y a funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). “De ello se evidencia que nuestro defendido, general de división, no tiene participación alguna en los hechos por los cuales está siendo acusado”, dicen los abogados de Gámez.

Sobre ese punto, los magistrados respondieron que ese alegato forma parte del espectro de fondo que ha de debatirse en las distintas fases del proceso penal y, concretamente en la fase de juicio oral y público. “En otras palabras, se trata de un análisis alusivo a la determinación de responsabilidad penal o del procesado; cuestión que no es compatible con la facultad extraordinaria del avocamiento”, recalcó la Sala.

Los abogados de Gámez también criticaron la acusación formulada por Fiscalía. Al respecto los magistrado respondieron que “se trata de situaciones que aún pueden ser perfectamente atacadas a través de otras vías procesales contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano”.

General es presunto informante
de los ejecutores del atentado

El general Alejandro Pérez Gámez, ex director de los servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la GNB, es uno de los 14 detenidos por el magnicidio en grado de frustración perpetrado contra Maduro durante el acto del 81° aniversario del citado componente militar, celebrado en la avenida Bolívar, Caracas.

De acuerdo a la investigación de Fiscalía “los autores materiales e intelectuales contaban con información clasificada relacionada con la programación y ejecución del evento, suministrada por el oficial general Gámez”.

Algunos detenidos por ese hecho, están recluidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sede El Helicoide. Ese último establecimiento fue visitado el pasado 14 de marzo por una delegación de Michel Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los derechos humanos.

Algunos de los presos le hicieron entrega a los delegados de su boleta de excarcelación emitida por el tribunal antiterrorista. Denunciaron que nadie les explica el por qué no los han liberado pese a la orden del tribunal. Se conoció que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, se reunió con directivos del Sebin para recalcarles que las decisiones de los tribunales son de sagrado cumplimiento por parte de los órganos donde albergan privados de libertad. l