JUSTICIA A SU ALCANCE

Julio Andrés Borges

Felipe Matamoros, quien vive en el municipio Altiman, y es de esas personas preocupadas por lo que sucede en su comunidad, me cuenta que siempre empiezan a hacer una parada de autobús y la dejan por la mitad, o una cancha y no la terminan, y como esos casos muchos más. Me preguntó si había forma de que los integrantes de las comunidades del municipio Altiman tuviesen una mayor participación en lo que se invierte en obras públicas, ya que él se organizó con un grupo de vecinos y está dispuesto a actuar como órgano de control de lo que se invierte y cómo se invierte.

Marco legal. Con la entrada en vigencia de la Constitución Nacional (CN) en diciembre de 1999, se consagra expresamente un nuevo sistema democrático caracterizado por ser representativo y participativo.

La materialización de este sistema se encuentra en el Art.

62, el cual establece el derecho a la Participación Política, pero con la novedad de que todos los ciudadanos podemos ejercerlo directamente, o a través de quienes elijamos. Además ese mismo artículo establece que la participación debe ser en la formación, en la ejecución y en el control de la gestión pública y el Estado debe garantizar las condiciones para que los ciudadanos podamos ejercer este derecho.

Además, el Art. 168 de la CN se refiere a la participación ciudadana en el control y evaluación de los resultados de la gestión pública, y la forma de palparlo es a través del ejercicio del derecho ciudadano a la rendición de cuentas de nuestros representantes. En relación a esto tenemos que el Art. 66 prevé que los electores tenemos derecho a que nuestros representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre la gestión realizada de acuerdo con el programa presentado.

Amparados en este principio, recomiendo que se impulsen las agrupaciones de vecinos que se encarguen de realizar una operación para verificar la transparencia en la gestión pública, una especie de evaluación de la gestión de gobierno, buscando determinar la efectividad en la administración de los recursos destinados a obras públicas, chequeando así la calidad de las mismas.

Los documentos a los cuales se refiere el paso 1 (recuadro) deben ser solicitados en la Secretaría Municipal, la entrega de los mismos es obligatoria, ya que la CN establece (Art.

143) el derecho a la información de la administración a los ciudadanos. Al tener la información se debe establecer una comparación entre el dinero que se gasta en actividades consideradas por la comunidad como no prioritarias con lo que se invierte en salud, educación, seguridad.

La importancia de esta alternativa de participación radica en que 90 de cada 100 habitantes de una comunidad determinada jamás han visto su plan de obras y mucho menos la distribución del presupuesto; casi 70 de cada 100 no saben quiénes son sus funcionarios públicos, ni sus representantes en los cabildos, asambleas, juntas parroquiales, entre otros, y que la inmensa mayoría de los gobernantes no se preocupa por informar y hacer partícipe a la comunidad en las decisiones, ejecuciones de obras y acciones de gobierno.

Solución del caso. La participación ciudadana es el mecanismo a través del cual los vicios de corrupción pueden ser controlados y disminuida su incidencia. La iniciativa de Felipe de organizarse con sus vecinos debería repetirse en el resto de las comunidades, ya que, por lo general, las obras se ejecutan sin control de los organismos que tienen la responsabilidad de hacerlo.

Frente a ese escenario, imaginen que los vecinos organizados por Felipe en el municipio Altiman manejan el presupuesto, plan de obras e informe de las obras ejecutadas; estos vecinos al saber lo que tienen asignado y las obras a las cuales van dirigidos los recursos, pueden reclamar, exigir y fiscalizar el uso de esos recursos, constatando cómo y en qué se gasta, para así denunciar cualquier irregularidad.

No hay mejor órgano que garantice la transparencia de la gestión pública que la misma comunidad, porque sólo ellos conocen su problemática, y ven a diario las fallas administrativas en la ejecución de las obras públicas.

Paso 2 Luego que se tiene la información debemos ver el del porcentaje de ejecución del presupuesto,es decir, cuántas de las obras presupuestadas han sido hechas y cuánto del dinero se ha invertido Paso 3 Pasamos ahora a la fase de inspección de las obras,para esto es importante un equipo de contralores vecinales,que no son otra cosa que vecinos que se organizan para controlar, supervisar y ejercer presión en sus comunidades en defensa de su calidad de vida.

Paso 4 Se recoge toda la evaluación realizada a la gestión del gobernante,y se difunde en las comunidades.

De esta forma,las comunidades vigilan que el presupuesto de obras asignado a su comunidad sea ejecutado efectivamente.