EL PAÍS

Constructoras no cumplieron con los proyectos de viviendas

CÉSAR BATIZ

INVESTIGACIÓN Milagros Hernández acudirá a la Fiscalía

Caracas. La Junta Reestructuradora del Instituto para la Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme) ha detectado, en nueve meses de actividad, varios presuntos hechos de corrupción cometidos por anteriores administraciones; entre otros, la no conciliación bancaria o control sobre las cuentas en los bancos desde 1988 hasta noviembre de 2001, por lo que resulta difícil saber cuánto dinero ingresó, salió y quién lo movilizó.

Desde la llegada de Chávez a la Presidencia de la República, por el Ipasme han pasado una comisión interventora y tres reestructuradoras. La penúltima duró 45 días y la última, presidida por Milagros Hernández, está instalada desde el 26 de noviembre de 2001.

Hernández explica que en su gestión han reordenado las cuentas bancarias desde 1988 hasta julio de 2001 y advierte que este proceso de averiguación llevará a solicitar la apertura de juicios contra quienes dirigieron las juntas administradoras y consejos directivos en el tiempo señalado.

"El Ipasme no sabe cuál es su patrimonio porque ha sido manejado como una piñata", sentenció la presidenta. Como muestra del desorden administrativo, puso su propio ejemplo.

Durante sus 31 años como docente en el Instituto Universitario Caracas le han descontado 6% para un fondo de ahorro; en su haber, y según las cuentas del Ipasme, tiene sólo 47 mil bolívares.

Pero eso no es lo único. El instituto en el cual están inscritos todos los docentes y personal administrativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes desde 1959, cuando fue creado, más los maestros de las escuelas administradas por 11 gobernaciones y los profesores y empleados de 28 institutos universitarios, sólo tiene registradas 351.618 personas, una cifra irreal, según Hernández, porque el total entre docentes y empleados es muy superior, reteniéndoseles a todos 6% de sus salarios y no se sabe a dónde va a parar ese dinero.

La junta reestructuradora determinó que al menos 100 millones de bolívares se perdían en el pago de la cestaticket a 1.400 personas, entre las que se cuentan jubilados y pensionados a quienes por ley no les corresponde, además de muertos que tenían un representante terrenal encargado de cobrar todos los meses el bono.

Entre los años 1997 y 1999 se compraron propiedades en diferentes partes del país que resultaron un mal negocio. En Rubio, estado Táchira, por ejemplo, se adquirió una casa por 800 millones de bolívares “que cinco años después cuesta 300 millones”, resaltó. Además se vendieron seis lotes de terrenos en Playa El Agua por un monto aproximado de 8 millones de bolívares, pese a que la directiva no tiene potestad de ofertar propiedades de la institución. Actualmente se investiga quién se benefició con esta transferencia.

Pero la estafa que más afecta a los afiliados ha sido con los créditos habitacionales que están cancelando sin haber jamás pisado una casa. Las administraciones anteriores hicieron acuerdos con constructoras que no cumplieron con dichas obras, perjudicando amiles de docentes.