LA VOZ DEL LECTOR

ANDREÍNA MUJICA

La intervención telefónica sólo se puede realizar por mandato expreso de un juez y para la investigación de un caso específico.

Esto, más que una promesa, es una garantía ciudadana en los países democráticos. En Venezuela, violar ese principio es un deporte. Por lo menos así lo calificó el ministro de Relaciones Interiores, Luis Miquilena, el 18 de abril de 1999. Sus palabras fueron: "Aquí se ha hecho un deporte de las grabaciones, aquí se graba por deporte.

Nos graban a nosotros, el Gobierno, a los ciudadanos particulares...".

Se refería a la detención, 13 días antes, del joven Daniel Pérez Boschetti, hijo del dirigente de AD, Lewis Pérez. A Pérez Boschetti, se le atribuía una conversación telefónica en la que, supuestamente, se refería a un plan para asesinar al presidente Chávez.

A pesar de las interrogantes de los periodistas, Miquilena le restaba importancia a la supuesta grabación: "Parece que él habla más de la cuenta y lo hace públicamente, de manera que no era necesario grabarlo. Tengo entendido que él (Pérez Boschetti), en cualquier parte, daba un discurso en cuanto a sus instintos y su capacidad para ejercer ese tipo de acciones".

Esto parece ser el primer caso de supuesto pinchamiento telefónico de este gobierno y fue recordado el pasado lunes 17 de este mes, cuando el diputado Francisco Ameliach dio a conocer una grabación que implicaba a Carlos Andrés Pérez y a Carlos Ortega cuadrando acciones de oposición.

El periodista Augusto Hernández, sintetizó la situación en 6 líneas: “Cuando la oposición llega al Gobierno se invierten los papeles: quienes antes pinchaban los teléfonos ahora defienden la privacidad y viceversa”.

(Últimas Noticias, 21/01/02, Pág. 48)