LA OPINIÓN

LILIANA ORTEGA MENDOZA (*)

Los medios de comunicación han reseñado detalladamente que unos doce albañiles fueron heridos y maltratados, en El Valle, cuando realizaban una protesta donde al parecer se enfrentaban dos sindicatos.

La información publicada revela que los obreros recibieron perdigonazos disparados por presuntos funcionarios policiales adscritos a la Policía del Municipio Libertador y que fueron mordidos por perros presuntamente de la Brigada Canina de la Policía del mismo municipio. Todo esto debe ser investigado inmediatamente de oficiopor parte del Ministerio Público, garantizando independencia y castigo a los culpables.

Si estos hechos se comprueban, estaríamos frente a graves violaciones al derecho a la integridad personal y al debido proceso, por ello el Estado venezolano no puede admitir impunemente el desarrollo de estos acontecimientos.

Ningún policía, ni ningún funcionario público, en un régimen democrático, puede reprimir una manifestación causando los daños que se han señalado en El Valle. Los organismos de seguridad del Estado deben hacer un uso proporcional de la fuerza pública, y sus actuaciones están bajo el estricto cumplimiento del Derecho Internacional y de la Constitución de la República. No hay funcionario público, por alto que sea su rango, que pueda colocarse por encima de los derechos humanos.

Frente a esto hay que destacar que un importante acierto de este Gobierno, en materia de derechos humanos, ha sido reducir el número de heridos en manifestaciones.

Ese logro no puede ser descuidado, por ello un castigo ejemplarizante para quienes hirieron a los obreros en El Valle es un paso indispensable.

A muy pocos días de una visita preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno venezolano es el más interesado en que los resultados de la misma sean satisfactorios. Por ello debería tener en cuenta que la Comisión no tendrá interés en los discursos sino que su prioridad será revisar hechos concretos que afecten los derechos humanos.

Cumplir con los compromisos internacionales comienza con el castigo a los responsables de crímenes contra los derechos fundamentales. La impunidad no es una respuesta aceptable en democracia.

(*) Directora Ejecutiva de Cofavic